EFE.- Se ha producido en la interpelación urgente en el Congreso del Grupo Parlamentario Socialista sobre la política agraria y pesquera desarrollada por el ministro y que Arias Cañete interpretó en clave electoral.
«Le veo totalmente ausente de los problemas de la política agraria; da la sensación de que tiene abandonado el Ministerio», ha asegurado Alonso, quien ha considerado al ministro distraído ante su futuro político, como posible candidato a las elecciones europeas o como comisario comunitario.
Arias Cañete, por su parte, ha defendido las políticas del Gobierno en el ámbito nacional y europeo, tras «ocho año años de Ejecutivos socialistas», a su juicio «los más nefastos para el campo» y la pesca en España.
Para Alonso, en los últimos meses y semanas «los problemas se agolpan a las puertas de su Ministerio» y el ministro «ha dilapidado» en lo que va de legislatura «el crédito» que le dieron los distintos sectores cuando accedió al Departamento.
En su larga lista de reproches al ministro, pidió a Arias Cañete que aclarara si el Gobierno suprimiría el sistema de módulos, si elevará el IVA de los alimentos, si pondrá un impuesto al vino y si solucionará el conflicto de los purines, las elevadas tarifas de regadío y las tensiones en el sector pesquero.
En su opinión, «sus políticas están fracasando. Si lee los periódicos cada día agricultores, ganaderos y pescadores pueblan las calles en Madrid y otras capitales en demanda de soluciones de un Gobierno que les está maltratando con sus decisiones».
En su respuesta, el ministro ha asegurado que «el campo no está ardiendo, la gente está trabajando y ganando dinero», además de recordar que el medio rural tiene futuro gracias a los 47.000 millones logrados para la Política Agraria Común 2015-2020 y 8.300 millones para el desarrollo rural, y las políticas nacionales y reformas emprendidas por el Ejecutivo.
Ha insistido en que la renta agraria subió con los gobiernos del PP -frente a las caídas durante ejecutivos socialistas- y en que se consiguen récord en exportaciones.
Sobre el informe del comité de expertos sobre fiscalidad, Arias Cañete ha destacado que éstos «aconsejan determinadas cosas», pero será el Gobierno tomará decisiones adecuadas ponderando diferentes factores.
A nivel personal, ha señalado, «no me gusta el impuesto al vino», lo que defenderá ante sus compañeros de Gobierno, entre otras cosas porque el sector tiene que competir con otros países que no tienen ese gravamen y el consumo en España es ahora muy bajo.
También «defenderé en el Gobierno» la continuidad de la tributación por módulos de los agricultores, aunque ha planteado que hay que buscar sistemas para luchar contra el fraude en el campo.
Sobre el reparto de ayudas PAC, ha hecho hincapié en que se exigirá, para cobrarlas, tener actividad agraria o ganadera real -«con ustedes (el PSOE) cobraba todo el mundo»-, por lo que justificó que las fincas del Ejército puedan acceder a ellas si cultivan y generan actividad y empleo en el mundo rural.
Ha resaltado que buscan soluciones para las tarifas de regadío y para las plantas de purines -afectadas por el proyectado recorte de ayudas a las renovables-, que ha considerado problemas heredados de políticas «irresponsables» de sus predecesores.
Ha criticado la «política energética más descabellada del mundo» que hizo, por ejemplo, que 29 plantas de tratamiento de purines cuesten 300 millones al año a las arcas públicas, unos 350.000 euros por granja.
«Le reto a que mire mi agenda de una semana y que la compare con los cuatro meses de mis predecesoras» para comprobar la actividad del Magrama, ha planteado Cañete.
En materia pesquera, ha remarcado que el Ejecutivo está apostando por ordenar y repartir con criterios objetivos los recursos frente a la dejación socialista que provocó sobreexplotación y multas de la Unión Europea (UE).
Un descontrol de la etapa socialista en la que primó la «política de sálvese quien puede: el que primero llega, primero pesca y arruina a todos los demás», ha indicado.
Arias Cañate defendió su apuesta por el campo y avanzó que, tras las últimas normativas reformistas, prepara un plan nacional para la diversificación económica del medio rural.