“A día de hoy desconocemos cómo se van a concretar las condiciones que podrían acotar estas ayudas, cuestión que genera una gran incertidumbre teniendo en cuenta que faltan poco más de dos meses para cerrar la propuesta”, ha criticado. En su opinión, estos requisitos deben “responder a las características y condiciones” de los sectores perceptores de las ayudas acopladas.
Reclaman unas ayudas "justas" para Andalucía
Durante su intervención parlamentaria para analizar con detalle la situación actual en que se encuentra el reparto de fondos del Primer Pilar de la PAC impuesto por el Ministerio tras la reforma de esta normativa, ha recalcado que en los próximos dos meses “se decide el futuro de estas ayudas acopladas”, incluidas en este Primer Pilar, y ha pedido a los parlamentarios que se unan al Gobierno autonómico “para reclamar con rotundidad unas ayudas justas para nuestros agricultores y ganaderos”.
Esta afirmación sobre la importancia del momento en que se encuentra la negociación se refiere a que los Estados Miembros tienen que presentar a la Comisión Europea el día 1 de agosto su propuesta de aplicación de estas ayudas para los años 2015 y 2016.
Propuestas andaluzas
La Junta de Andalucía continúa trabajando en el modelo de aplicación de la PAC, trasladando al Ministerio sus propuestas e insistiendo en la necesidad de incluir el olivar en pendiente, la uva pasa y el trigo duro entre los sectores que se benefician de ayudas asociadas con el fin de intentar compensar el trasvase registrado entre ayudas desacopladas y acopladas tras la reforma de la política europea. Víboras ha explicado que el pasado lunes la Consejería envío al Ministerio su última propuesta, en la que, entre otros objetivos plantea, “evitar complejidades administrativas a los productores, que los requisitos exigidos beneficien a quien realmente está interesado en producir, y que se concedan complementos o ayudas extra a sistemas agrarios andaluces con especial riesgo de abandono”.
La consejera de Agricultura ha recordado a los parlamentarios las decisiones “verdaderamente lesivas” para Andalucía que se tomaron en la Conferencia Sectorial celebrada en enero en el marco del debate que se estaba llevando a cabo entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para establecer los detalles de este modelo de aplicación.
Víboras ha insistido en que los andaluces sufren un trato “absolutamente inaceptable” y que “de forma continua y sin justificación objetiva” el Gobierno de España ha despreciado “nuestras justas exigencias” en numerosas cuestiones abordadas en las mesas de trabajo.
Insisten en que se perderán 358 millones
Como resultado, Andalucía pierde 258 millones de euros para el desarrollo rural (Segundo Pilar) y hasta 290 millones de euros en ayudas acopladas (Primer Pilar). En cuanto a estas últimas subvenciones, Víboras ha informado a los presentes en la Cámara de que los acuerdos impuestos a la región suponen una merma “muy superior” al recorte aplicado a España, ya que la reducción en la Comunidad Autónoma asciende al 3,9% frente al 1,5% del descenso a nivel nacional. En consecuencia, los 1.472 millones de euros netos que recibía Andalucía hasta ahora como promedio anual se reducen a 1.414 millones al año con el nuevo modelo de ayudas directas. Es decir, esta Comunidad Autónoma pierde anualmente 58 millones de euros durante los próximos cinco años (2015-2019).
Con el fin de intentar mantener el montante total de subvenciones que percibe la región (suma de ayudas acopladas y desacopladas), la Junta de Andalucía trasladó al Ministerio su propuesta de incluir el olivar en pendiente superior al 20%, el trigo duro y la uva pasa entre los sectores beneficiarios, así como aumentar la dotación para el caprino, los frutos secos y la remolacha de siembra otoñal. Proposiciones que, según las palabras de la consejera, el Gobierno central rechaza “sin dar explicaciones ni justificación objetiva” e “ignorando los argumentos objetivos que presentamos”.
El conflicto con los olivareros
Víboras ha llamado la atención de los parlamentarios sobre el hecho de que “para valorar adecuadamente el alcance de este desatino tenemos que pensar en las personas que lo van a sufrir”.
Concretamente, se ha referido a los 71.500 olivareros con explotaciones en pendiente de más del 20%, a quienes se niega una ayuda asociada de 100 euros por hectárea; alrededor de 5.000 productores de uva pasa para los que se pidió, sin éxito, una subvención de 310 euros por hectárea; los 37.000 productores de trigo duro a los que se ha vetado una ayuda de 40 euros por hectárea; y a tres sectores que cuentan con una “dotación muy inferior a sus necesidades mínimas de supervivencia”: el caprino (11.000 ganaderos), los frutos secos (19.000 productores de almendro) y la remolacha de siembra otoñal (cerca de 1.000 productores y 466 empleos directos e indirectos).
Estos sectores y las zonas donde se encuentran las explotaciones “se enfrentan a un futuro incierto” porque el Gobierno de España “les niega un mínimo apoyo que les daría la posibilidad de mantenerse en activo”, ha recalcado la consejera.