La aprobación y puesta en marcha de un Real Decreto-Ley el pasado 25 de febrero para proteger a los agricultores y ganaderos en el reparto de costes de la cadena de producción, así como fortalecer las cadenas de valor de la cadena alimentaria, no está aportando de momento los resultados deseados. Asaja Madrid denuncia que, en un momento de extrema sensibilidad por la excepcionalidad del estado de alarma y la necesidad de garantizar el suministro de alimentos a la población, la normativa no se está aplicando. Es el caso concreto que están viviendo entre los productores de leche de vaca, donde muchos ganaderos siguen vendiendo por debajo de los costes de producción.
Eugenio de la Morena ha elevado su voz contra esta mala práctica que conculca deliberadamente lo establecido por el Real Decreto-Ley 5/2020. La familia de De la Morena gestiona una de las aproximadamente 12.000 explotaciones ganaderas productoras de leche que existen en España en la actualidad. Su instalación se encuentra en las cercanías de la población de Cerceda y cuenta con 300 reses. Cada dos días saca adelante 7.000 litros. “Mi afán no es que me paguen la leche a un precio concreto, solo quiero que se cumpla lo que establece la ley: que el contrato de compraventa incluya los precios de los costes de producción, ni más ni menos”, proclama.
La aplicación de la ley no está siendo contundente y los costes de producción no están apareciendo en los contratos de compraventa
El de la producción de leche es un mercado no tan complejo como otros. Entre el productor y el consumidor esencialmente se interpone una central lechera y un distribuidor, un esquema dentro del que puede englobarse el 90% de todo el sector. Una central lechera de un tamaño medio puede transformar diariamente entre 80.000 y 100.000 litros de producto. Con un ahorro de seis céntimos por litro, al cabo del día puede ahorrarse 6.000 euros en el pago a un productor. La perspectiva del tiempo incrementa la dimensión del problema y la legitimidad de la reivindicación. En un mes son 180.000 euros de ahorro. En medio año, en torno a un millón de euros.
La aplicación de la ley no está siendo contundente y los costes de producción no están apareciendo en los contratos de compraventa. “Esas reclamaciones caen en saco roto. La industria siempre esgrime que no puede acometer ese incremento en el precio que paga, porque se quedaría sin dinero o porque su aplicación repercutiría fatalmente en el consumidor. La suya es una posición de fuerza y la mayoría de los ganaderos no puede enfrentarse a esa mano que les da de comer. Es la hora de que las instituciones actúen”, indica Francisco José García, presidente de Asaja Madrid. “Un incremento de 6 céntimos por litro de leche tendría un efecto de 20 euros por familia y año”, aporta De la Morena.
El sector de la leche de vaca en España es deficitario en cuanto a la relación entre consumo y producción. Se consume más de la que se produce. Frente a Europa, el precio de venta de los ganaderos españoles es inferior. Entre un 6 y un 10%. Un problema estructural que ha venido siendo denunciado tradicionalmente por el colectivo.
“Las administraciones públicas deberían hacerse eco de las demandas del sector de la leche de vaca y proteger más a nuestros ganaderos y a nuestros agricultores para evitar que tengan que vender por debajo de los costes de producción”, valora Pablo Rincón, responsable de Ganadería de Asaja Nacional. “Y en este sentido, la ley debería aplicarse con firmeza, o como mínimo aplicarse realmente, para evitar que se impongan ventas sin un precio prefijado, por un lado. Y por otro es necesario que existan unos costes de producción fijados por una entidad independiente tanto de los ganaderos y agricultores como de la industria. Una administración pública, un departamento universitario… Un actor que marque esa barrera donde los productores no vendan por debajo del coste de producción”.
“A una empresa no la tienes que subvencionar, tiene que ser rentable con sus propios medios, tiene que ser eficiente. En estas condiciones es imposible ni tan siquiera ir tirando, acometer mejoras en la explotación o contratar más personal. Con seis céntimos más por litro en vez de un trabajador podría tener tres. Si no conseguimos cambiar esto no quedará más remedio que quitar las vacas. Y no porque quiera. Me encanta este mundo. Podría haberme decantado por mis estudios, pero es la vida que he elegido, algo que he mamado desde niño en la familia. Pero es que no llega ni para pagar las deudas”, valora De la Morena. La historia de su explotación, que arrancó con uno de sus bisabuelos, podría acabar por la inacción gubernamental para hacer respetar su propia normativa.