En un resumen de urgencia en una nota de prensa, la UAGR detalla los aspectos más negativos de la reforma: Se reduce el presupuesto comunitario para la PAC y por tanto las ayudas. Se desmantelan las medidas de regulación de mercado y el principio de preferencia comunitaria, eliminando cuotas de producción y derechos de plantación. Se desaprovecha la ocasión para defender al agricultor activo como principal destinatario de las ayudas, al ser el verdadero profesional de la agricultura, generador de empleo y desarrollo en el medio rural. Se establece un nuevo sistema de pagos que favorece a los que más hectáreas tienen y no a los que producen. Con menos presupuesto, se aumentan las obligaciones para el cobro de las ayudas aplicando un falso “verdeo” de la PAC. Se reducen las ayudas por hectárea y por activo, por efecto de la reducción presupuestaria y el sistema de capas. Se elimina el tope de ayudas por explotación para los grandes perceptores, favoreciendo una vez más a los que más cobran.
También consideran que se corre el riesgo de desmantelamiento de un sector, el agrario, estratégico para nuestra economía, toda vez que es la base de nuestra producción alimentaria y que genera empleo y otros bienes públicos (gestión del territorio, medio ambiente, etc.) en el medio rural, que atraviesa a su vez una grave crisis de envejecimiento y despoblación. En definitiva un agricultor español seguirá recibiendo un 69% menos de ayudas PAC que un francés, un alemán o un británico.
Alarma por la eliminación de los derechos de plantación
Por otro lado, la UAGR considera alarmante la eliminación de los sistemas de cuotas de producción y derechos de plantación. Así, las cuotas lácteas desaparecerán en 2015 y las de remolacha azucarera en 2017, lo que significa un duro golpe para estos sectores, que corren el riesgo de desaparecer en nuestro país. Se aumentarán los excedentes de producción de leche en Centroeuropa, con la consiguiente caída de precios en origen y el cierre de explotaciones en España. En remolacha, cultivo importante para muchos agricultores de La Rioja Alta, esta medida amenaza su propia supervivencia.
Respecto a los derechos de plantación de viñedo, en contra de lo que mantiene el Ministro, desaparecen en 2016, siendo sustituidos por un sistema de autorizaciones administrativas que permite un incremento anual del 1% de las actuales plantaciones. Esta iniciativa provocará excedentes de producción que presionarán a la bajo de los precios de la uva y la consiguiente pérdida de renta para los viticultores profesionales. Todo esto se añadirá a la grave pérdida de valor patrimonial que sufrirán los viticultores riojanos.