A nivel de Castilla y León, la ALIANZA UPA-COAG, según señala en un comunicado, ha mostrado su enorme malestar sobre la pretensión del Ministerio por privatizar la sanidad animal obligando al titular de la explotación ganadera a realizar una vacunación obligatoria a través de un veterinario privado.
"Consideramos, señalan en su nota. que si existe un riesgo sanitario en base a la situación epidemiológica de la enfermedad es la Administración, en este caso el MAGRAMA, quien tiene que desarrollar una política de saneamiento de forma justificada".
En todo caso, si el Ministerio considera necesario implantar un programa de prevención frente a la lengua azul a nivel estatal "debe ser la propia Administración, como se ha venido realizando en años anteriores, la que se responsabilice de la vacunación de los animales, de la adquisición de la vacuna correspondiente, de la aplicación de la misma, del registro de los animales vacunados, así como de los posibles efectos secundarios adversos que puedan derivarse de la aplicación de esta vacunación".
Las alegaciones presentadas en las últimas horas por parte de la ALIANZA UPA-COAG ante la Consejería para que dé inmediato traslado al Ministerio se resumen "en que de ninguna manera un programa preventivo frente a la lengua azul, obligatorio e impuesto en determinadas zonas de la geografía española, en nuestro caso en la comarca de Candeleda (Ávila) y Sequeros (Salamanca), debe ser asumido por el sector ganadero".