De igual forma, reiteran que, además, estas centrales permiten a las explotaciones porcinas llevar a cabo una gestión adecuada de los purines, de manera que se pueda mantener la actividad ganadera en el territorio y se garantice una correcta gestión de 2,5 millones de toneladas anuales de residuos que, de no ser tratados, conllevan un importante impacto medioambiental, cifrado en 700.000 toneladas de CO2. El cierre de las plantas implicará, previsiblemente, el incumplimiento de la Directiva Nitratos 91/676/CEE, con la posibilidad de sanciones por parte de la UE.
Por último, la nota de ambas organizaciones hace hincapié en que el sector porcino es el principal motor económico de muchas comarcas, un referente para la economía española que representa más del 14% del PIB industrial y genera más de dos millones y medio de empleos, de los cuales cerca de 200.000 son puestos de trabajo directos, y con un volumen de negocio de más de 6.000 millones de euros anuales.
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