La Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado este martes 3 a las organizaciones agrarias representadas en el Consejo Agrario de Castilla y León sus planes preventivos contra la plaga de topillos campesinos, entre cuyas medidas está la creación de la figura del ‘agricultor colaborador’.
La intención de la Administración autonómica es incrementar los cauces de comunicación con los profesionales, y entre las medidas que incluye la Consejería figura la creación de una «red de personas con las que establecerá diferentes fórmulas y mecanismos de comunicación periódica y sistemática».
La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha presidido la constitución del Consejo Agrario de Castilla y León tras la renovación de la designación de vocales de las organizaciones profesionales agrarias tras la celebración de las elecciones agrarias -3 Asaja, 2 Alianza Upa-Coag y 1 UCCL-.
Esta nueva orden sobre los topillos define diferentes niveles de riesgo y las obligaciones para todos los agentes implicados
Ante ellos Marcos ha presentado el nuevo marco normativo de acción contra los topillos campesinos, que establece una serie de actuaciones dentro de una estrategia de «gestión preventiva, integrada y respetuosa con el medio ambiente, destinadas a reducir los riesgos derivados de la presencia de esta especie» en Castilla y León.
Esta nueva orden define diferentes niveles de riesgo: verde, para situaciones normales; amarillo, para parámetros poblaciones que reflejen algún tipo de situación anormal sin ser necesarias autorizaciones o resoluciones específicas para llevar a cabo actuaciones; naranja, cuando la aparición de esta especie requiere de algún tipo de actuación obligatoria o sea necesaria autorización o resolución específica por la autoridad competente para proteger los cultivos a corto y medio plazo de forma efectiva de topillos; y rojo cuando la situación, tras haberse llevado a cabo las actuaciones necesarias no reviertan según los resultados esperados, según la información aportada por la Consejería en un comunicado.
La normativa prevé además obligaciones para todos los agentes implicados, como son los agricultores, ganaderos, selvicultores, propietarios de explotaciones agrarias, sus entidades asociativas, cooperativas, organismos y administraciones públicas propietarias de terreno, quienes deberán llevar a cabo diferentes actuaciones, como vigilar sus cultivos, plantaciones y cosechas.
La orden presentada fija siete tipos de actuaciones, entre los que figuran la monitorización y vigilancia de la población de topillos campesinos, el establecimiento de un plan de formación y sensibilización, la investigación en alternativas aplicables a la gestión de la plaga, el uso de buenas prácticas para la minimización de riesgos, la aplicación de prácticas fitosanitarias mínimas en parcelas realizando labores superficiales y actuaciones fitosanitarias específicas a ser consideradas ante riesgo de explosión demográfica, entre otras.
En este último caso, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha adelantado que se reserva la potestad de establecer una serie de medidas de cumplimiento obligatorio, destinadas a controlar las poblaciones de topillos entre las que se encuentran la reducción temporal de la cubierta vegetal herbácea, pero también la previsión de bandas de seguridad sin cubierta vegetal herbácea en el borde interior de las parcelas, con anchura de al menos tres metros y mediante remoción del terreno.
Marcos ha añadido que para la coordinación de todas las actuaciones que se establecen con esta orden se creará un Comité de Coordinación que estará compuesto por técnicos de la Consejería de Agricultura y Ganadería, además de la Comisión de Roedores y Otros Vertebrados como órgano de carácter científico-técnico adscrito a la Consejería con función de asesoría.