EFE.- La ministra costarricense de Agricultura, Gloria Abraham, declaró ayer a Efe que el sector arrocero solicitó la salvaguardia y presentó una serie de documentos para respaldar la iniciativa, lo cual está siendo analizado por órganos técnicos del Gobierno.

"Se inició el proceso de revisión y ya veremos. Una salvaguardia no es una decisión de carácter político si no que debe estar justificada técnicamente", expresó la ministra.

La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) se ha quejado en los últimos meses de que los empresarios privados importaron desde Argentina y Uruguay alrededor de 15.710 toneladas métricas de arroz en 2013, un 279 % más que en 2012, lo que ha afectado la compra al productor local.

Costa Rica, un país de 4,7 millones de habitantes, consume anualmente unas 270.000 toneladas de arroz, de las cuales el 60 % son producidas localmente y el restante 40 % se importa, principalmente desde Estados Unidos, debido a una cuota fijada en el Tratado de Libre Comercio entre ese país y Centroamérica.

La Conarroz amenazó con realizar una protesta en todo el país esta semana, pero el sábado pasado alcanzó un acuerdo con el Gobierno.

Los arroceros pidieron que se analizara la salvaguardia y también que se anulara un decreto que fijaba el mes de marzo próximo como la fecha límite para liberalizar el precio del arroz en el país, el cual es fijado actualmente por el Gobierno.

Entre los puntos de acuerdo, el Gobierno amplió un año más el plazo para liberalizar el precio.

Numerosos países se han quejado ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) de que la fijación estatal supone un subsidio agrícola que sobrepasa los límites establecidos por ese organismo, ante lo que Costa Rica se comprometió el año pasado a liberar el precio.

La ministra Abraham aseguró que el nuevo plazo para terminar con la fijación estatal no debe ser motivo de más quejas en contra de Costa Rica en la OMC, pues el país lo único que hizo fue "postergar" la fecha para liberar el precio.

Antes de marzo de 2015, comentó la ministra, el Gobierno y los productores deberán trabajar en la creación de un nuevo esquema para establecer el valor del arroz que tome en cuenta la posición de los diferentes integrantes de la cadena productiva.

Además, explicó Abraham, el sector arrocero deberá emprender un programa para mejorar la competitividad y reducir costos.

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