El Consejo Agrario de Castilla y León, en el que participan la Junta y las organizaciones profesionales agrarias con mayor implantación, ha rechazado en su reunión de hoy que la solución para proteger la ganadería de los ataques de lobo sea utilizar los fondos de la PAC para pagar la compensación por los daños.
El Ejecutivo autonómico ha informado a través de un comunicado de que los participantes en la reunión han fijado una posición común para pedir a los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico y de Agricultura, Pesca y Alimentación para pedir una respuesta que proteja la actividad ganadera frente al lobo y ante la posibilidad de que el Gobierno acepte elevar la protección de esta especie en todo el territorio de España, a la vez que se rechaza usar los fondos de la PAC para pagar los daños.
Aún sin la participación del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, ingresado en la UCI de un hospital de Valladolid tras infectarse de la covid, ha sido el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, quien ha presidido el encuentro, aunque también ha intervenido el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para explicar la reunión del pasado lunes con la ministra Teresa Ribera.
En el lado de las organizaciones profesionales agrarias han participado Asaja, la Alianza para la Unidad del Campo UPA Castilla y León y la Unión de Campesinos de Castilla y León UCCL, que han planteado la necesidad de establecer un sistema de control de esta especie en Castilla y León y las comunidades autónomas del Cantábrico.
Este sistema debe, según el mismo comunicado de la Junta, asegurar la permanencia de las explotaciones ganaderas extensivas que constituyen la actividad fundamental del medio rural en las amplias zonas rurales donde tiene presencia el lobo.
PRECIOS AGRARIOS
Además del conflicto por el tratamiento cinegético del lobo y su vinculación con la ganadería, el Consejo Agrario ha servido para analizar la propuesta de decreto sobre mercados de productos agrarios en origen y mesas de precios, que pretende desarrollar la Ley Agraria de Castilla y León, vigente desde 2014.
La intención de la Junta es habilitar las condiciones y el procedimiento para llevar a cabo el reconocimiento tanto de Castilla y León como los precios de referencia a nivel nacional de acuerdo al Real Decreto 427/2020.
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural será la competente para el reconocimiento de estos centros, a través de su Dirección General de la Cadena Alimentaria.
Para ello será necesaria la inscripción en el Registro de Mercados de Productos Agrarios de Castilla y León y de Mesas de Precios, tener personalidad jurídica propia, disponer de las condiciones de ubicación, infraestructura, equipamiento y funcionamiento que permitan el correcto desarrollo de sus funciones, así como disponer de medios instrumentales y técnicos para la difusión de los precios por productos y cantidades comercializadas, ha explicado la Junta en su comunicado.
Respecto a las lonjas -entidades que agrupan a operadores comerciales que intercambian información sobre precios, situación y tendencias de los productos agrarios-, estarán compuestas por tantas mesas de precios como sectores en los que operen.