El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-Ley 10/2017 por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía en varias cuencas hidrográficas, aunque varios grupos han urgido un debate más amplio para encontrar soluciones a un problema ya «estructural».
La convalidación ha sido respaldada con 258 votos a favor frente a los 77 diputados que lo hicieron en contra (y ninguna abstención); y con 345 votos a favor y sólo uno en contra, prosperó que este RD ley se tramitara por el procedimiento de urgencia.
Para la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, el Gobierno ha venido actuado con «rapidez y diligencia para paliar los efectos de la sequía».
García Tejerina ha indicado desde la tribuna del Congreso que, desde que comenzó el año hidrológico (1 de octubre de 2016) los volúmenes embalsados han sido poco relevantes, persistiendo la situación de sequía en las cuencas del Segura y del Júcar, donde ya estaba declarada desde el año 2015. Por su parte, se ha iniciado la situación de sequía en el Duero.
Ha recordado en la Cámara Baja que el sistema de planes de sequía vigente desde 2007 establece diferentes niveles en función de la gravedad en las cuencas: normalidad, prealerta, alerta y emergencia; y se establecen las medidas que deben adoptarse en cada nivel.
La Cuenca del Segura está en situación de emergencia y las del Duero y Júcar, en «alerta»
Según este esquema, cuando el indicador de la cuenca se encuentra «en alerta», es cuando se puede poner en marcha el procedimiento para la declaración de sequía prolongada o extraordinaria, con la aprobación de un decreto de sequía para la cuenca correspondiente.
La Cuenca del Segura está en situación de emergencia y las del Duero y Júcar, en «alerta», por lo que serán las beneficiadas, de acuerdo con la normativa, de las medidas de apoyo que contiene el Real Decreto Ley, según ha especificado García Tejerina.
Entre las medidas que recoge el Real Decreto-Ley, la ministra ha valorado, por ejemplo, que empresas y trabajadores autónomos con explotaciones agrarias afectadas por la sequía en toda España obtendrán una moratoria de un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social entre julio de 2017 y febrero de 2018, así como en las cuotas por las jornadas reales.
El documento establece apoyos a las explotaciones agrarias afectadas este año en las demarcaciones del Duero, del Segura y del Júcar, con exenciones en los cánones de regulación y en la cuota de tarifa, entre otras, así como también los afectados en Mancomunidad de los Canales del Taibilla y ciertos abastecimientos de Almería.
Por su parte, los contratos de cesión de derechos de agua entre concesionarios de una misma cuenca se flexibilizan temporalmente en las cuencas del Segura, del Duero y del Júcar, recoge el texto.
La ministra ha valorado las diferentes acciones del Gobierno para minimizar los efectos de la sequía, que arrancaban desde que en mayo de 2015 se declarara la sequía en las cuencas de Segura y Júcar.
En estas dos cuencas se han movilizado más de 250 hm³ de agua adicionales, con la incorporación de agua desalada, la extracción de pozos de sequía, intercambios de derechos y el aprovechamiento de volúmenes remanentes por avenidas de años anteriores, ha comentado.
Respaldo de la oposición, que pese a todo lo ve «insuficiente», «un parche» y piden «pacto nacional de agua»
También se han impulsado, a lo largo de la pasada legislatura, inversiones en materia de agua por un valor total de 300 millones, a lo que se sumó la puesta en servicio de la desaladora de Torrevieja y el incremento de la producción en las de Águilas y Valdelentisco.
Ascensión Carreño (GP) apelaba a los diputados del Congreso para que «olviden guerras del agua» y votasen a favor del RD ley para permitir que los agricultores se beneficien de 54 millones en exenciones de pago de tasas y cánones de riego y moratoria en cotizaciones sociales.
Ricardo Antonio García (PSOE) tildó de «insuficiente» e «indefinido» a este Real Decreto, «que llega tarde y mal», por lo que ha abogado por impulsar un «pacto social del agua» que contemple al recurso como un elemento esencial y como «bien público».
Miguel Ángel Garaulet (GCs) ha exigido que la ministra «convoque de una vez la mesa del agua» para iniciar el debate que concluya en un «pacto nacional de agua» que dé soluciones al problema de la sequía porque las medidas extraordinarias que recoge el RD -que han respaldado en la votación- es sólo «poner una venda en la herida».
Joseba Agirretxea (EAJ-PNV) ha apoyado la convalidación aunque ha demandado que «hay que ponerse a trabajar ya, con planteamientos a más largo plazo» para avanzar en medidas adicionales, que serán más necesarias por los previsibles efectos del cambio climático.
Desde el Grupo Mixto del Congreso, el diputado Isidro Martínez ha respaldado las medidas «anti-sequía» del Ministerio en ámbitos como la fiscalidad, el acceso a financiación, los seguros agrarios o la política agraria común, mientras que Sergi Miquel i Valentí ha asegurado que el Real Decreto ley es «un parche, que no arregla para nada una situación crítica que necesita de medidas transversales».
Francesc Xavier Eritja (GER) ha criticado el procedimiento de urgencia de la norma y que abra la puerta «a la privatización» o mercantilización del agua y también la gestión del Gobierno basada «en un modelo que prioriza la sobreexplotación por encima de las posibilidades de regeneración» y genera estrés hídrico.
Pedro Arrojo Agudo (GCUP-EC-EM) ha demando en su intervención en el Congreso un cambio de las políticas actuales, «imprudentes e irresponsables», que han permitido «trasvases masivos» al Segura, dejando a la cabecera del Tajo «exhausta y arruinada».