EFE.- La Procuraduría General (Ministerio Público), la Defensoría del Pueblo, la Contraloría (Tribunal de Cuentas) y el Ministerio de Ambiente fueron algunas de las entidades estatales a las que Cepeda solicitó, a través de varios cuestionarios, información sobre «la problemática ecológica que actualmente afronta el departamento de Casanare y que ha ocasionado la muerte de centenares de animales».

En el requerimiento, Cepeda preguntó a las instituciones «si existen diagnósticos concretos sobre las causas de la catástrofe» y pidió «que le expliquen al país la magnitud de la crisis y qué planes implementarán dichos entes para mitigar el daño ocasionado», agregó la información.

Además pidió «informar sobre las actividades de las distintas empresas mineras y del sector agropecuario que pudieron generar dicha crisis».

El departamento de Casanare atraviesa desde hace meses una grave situación ambiental por causa de una prolongada sequía que ha dejado más de 20.000 animales muertos entre especies típicas de la zona y bovinos, así como a varios municipios sin agua potable.

«Un desastre de estas dimensiones no puede terminar en un silencio oficial y en una pasividad que desemboque en nuevas situaciones de destrucción del ambiente y la fauna», dijo el legislador.

Según un estudio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), «la tragedia ambiental» en Casanare pudo desatarse por la extensión de cultivos hacia la zona del páramo del Cocuy, la ganadería en exceso, la poca retención de agua del suelo, la actividad petrolera y la poca productividad de los suelos, en su «mayoría ácidos, arenosos y con baja fertilidad».

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