El condenado, según informa geslive en una nota, se dedicaba de forma habitual y profesional a acondicionar grano de trigo blando y cebada de variedades vegetales protegidas que luego trataba y envasaba para comercializar dicha semilla ‘pirata’ entre los agricultores de la zona como si se tratara de semilla original, pero a un precio inferior al a semilla auténtica y sin ningún tipo de control fitosanitario ni garantías de trazabilidad.
Pleno conocimiento del delito
Según la sentencia, esta venta se realizaba sin ningún tipo de factura, y con el pleno conocimiento de que se estaba cometiendo un delito, ya que el condenado sabía perfectamente que se trataba de grano perteneciente a variedades protegidas y que no contaba con la autorización de los legítimos titulares de los derechos de explotación.
El grano tratado de forma fraudulenta pertenece a las variedades vegetales ‘Hispanic’ (cebada) y ‘Soissons’ (trigo blando).
Según se establece en el Código Penal, comete un delito quien con conocimiento de su registro, produzca, reproduzca, acondicione para la venta o se comercialice material vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad protegida con fines comerciales y agrarios sin el consentimiento de la empresa obtentora titular de los derechos de explotación.
Variedades cada vez más adaptadas
Las empresas dedicadas a la obtención vegetal realizan un gran esfuerzo económico en investigación y desarrollo para que los agricultores puedan contar año tras año con nuevas variedades de cereal más resistentes, mejor adaptadas a las condiciones agroclimáticas del terreno, y más productivas. Esto redunda en un incremento del beneficio, no sólo para el agricultor, sino también para todos los agentes de la cadena de distribución y comercialización.
Estas ventajas son las que llevan a los agricultores a utilizar mayoritariamente semillas de variedades protegidas. Cabe señalar, de todas formas, que existen en el mercado semillas de muchas variedades libres cuyo uso y reempleo en las explotaciones agrícolas no conlleva limitaciones ni contribución económica alguna.
Para poner en el mercado cada nueva variedad, más resistente, mejor adaptada y más productiva, son necesarios miles de cruzamientos y más de 10 años de desarrollo, lo que eleva el coste de los programas de investigación a varios millones de euros anuales. La protección de estas nuevas variedades y la contribución por parte del agricultor es la única forma posible para que el sector obtentor pueda seguir aportando nuevas variedades que cada año mejoren las cosechas tanto en cantidad como en calidad, haciéndolas a la vez más sostenibles.
El uso generalizado de semilla pirata en cereal, así como la negativa de los agricultores a aportar su contribución por el reempleo de variedades protegidas, amenazan seriamente la sostenibilidad económica de los programas de I+D, lo que puede tener serias consecuencias a medio plazo para los agricultores, al impedir el desarrollo de nuevas variedades, con las consiguientes pérdidas en cantidad y la calidad de las cosechas, y por tanto en los beneficios económicos de las explotaciones agrarias.