Aseguraron que escucharon la orden de los agentes de la Guardia Civil de que abandonaran la sucursal bancaria pero que no lo hicieron al entender que se trataba de una protesta pacífica contra los que consideran "los culpables de la crisis" y destacaron que no mostraron actitud de resistencia ni insultaron ni agredieron a nadie, algo que ha tenido en cuenta el juez a la hora de imponer la pena.
Asimismo, ha sido importante para la rebaja de las sanciones el hecho de que la entidad haya rehusado a ejercer acciones ni civiles ni penales contra estas personas.
Los hechos por los que han sido condenados tuvieron lugar el 23 de octubre de 2012 cuando estas personas entraron en una sucursal bancaria ubicada en la Plaza de España de Gibraleón, en el marco de la marcha que se estaba desarrollando en la provincia onubense.