Luis Miguel Fernández / Gerente de COEXPHAL
Desde que COEXPHAL ha dado a conocer su postura sobre la nueva Ley de la Cadena Alimentaria en España, hemos asistido a un nuevo escenario en el que otras entidades también han expresado su posición. Unos coinciden con nuestra valoración negativa y otros llegan a asegurar que esta reforma del Gobierno será la solución a todos los males del campo. Ya nos gustaría que así fuera, pero todo apunta a que los efectos secundarios de la ley se traducirán en pérdida de rentabilidad y de competitividad para productores y empresas de comercialización.
Aún no hemos visto ejemplos prácticos sobre las bondades del reglamento ya en vigor. En cambio, desde COEXPHAL si nos hemos ocupado de analizar cuál será el resultado para los agricultores y las cooperativas ¿Qué haremos con nuestras producciones cuando el precio de mercado sea más bajo y no alcance los precios mínimos? Si no podemos comercializarlas, nos perjudicará a la hora de hacer media con el resto de la campaña, perdiendo ingresos importantes e incrementando incluso nuestros costes de producción.
La reforma, mediante la imposición de precios mínimos, beneficiará a nuestros competidores, representados por Marruecos y Holanda, principalmente. También fomentará la pillería, a la hora de fijar las líneas rojas de las cotizaciones o al formalizar los contratos de compraventa. Además, incrementará de manera importante el desperdicio alimentario.
La Ley de la Cadena de 2.013 no ha servido para corregir las desviaciones del sistema que suelen perjudicar siempre a los agricultores y a las empresas con las que comercializan sus frutas y verduras. La nueva tampoco será ese bálsamo que todo lo cura, porque para su desarrollo no ha tenido en cuenta la realidad del sector, ni las opiniones y la experiencia de todos los agentes implicados.
Desde que COEXPHAL ha bautizado la Ley de la Cadena como la ‘Ley de la Condena’ son muchos los que han abierto los ojos ante la que se nos avecina a todos, sin distinción. También los hay críticos con nuestra manera de ver las cosas. Preferiríamos no tener que llamar la atención de esta forma, pero nuestra organización tiene el compromiso de defender el futuro de sus asociados, de los productores y del sector. Así venimos haciéndolo desde hace más de 40 años y nos mantendremos en la misma línea.
Aunque el anteproyecto de ley no se llevará al Congreso de los Diputados hasta el próximo otoño, los efectos secundarios de la nueva regulación se verán antes, ya que el Gobierno anticipó buena parte de las nuevas medidas en un Real Decreto que recibió luz verde el pasado mes de febrero. Si lo que se busca es lo mejor para un sector estratégico para España y Europa, ahora más que nunca, no hay que perder más tiempo y retomar el diálogo para rectificar lo antes posible.