El Juzgado de lo Penal nº2 de Huelva ha condenado al representante de una empresa agrícola al pago de más de 27.000 euros por los daños ocasionados en una finca que alquiló en Santa Olalla del Cala (Huelva) antes de que se ejecutara la orden de lanzamiento que hacía efectivo su desahucio por impago.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, lo considera responsable de un delito continuado de daños, condenándolo al pago de una multa de 3.300 euros y a indemnizar a la propietaria en 23.734,2 euros. Lo absuelve, sin embargo, del delito de hurto y apropiación indebida que, alternativamente, se le imputó por los hechos.
Se le condena por retirar todas las mejoras realizadas y que, según contrato, debían quedarse para la propiedad
Se considera probado que el 25 de junio de 2002, la dueña de la finca «La Cumbre, El Torvisco, Valdetravieso y Bebeje y Cebollares», en Santa Olalla, la arrendó con el representante de la entidad Explotaciones Agrícolas y Ganaderas San Miguel S.L.
Pactaron una duración del arrendamiento de diez años y una renta anual de 108.182,18 euros y la propietaria autorizó al arrendatario a «realizar todo tipo de mejoras en la finca»; el contrato incluyó cláusula con el siguiente contenido: «El arrendatario puede arreglar, si él lo ve oportuno, el Cortijo de las Cumbres, y utilizarlo éste, así como sus alrededores para su disfrute y el de las personas que trabajan en la finca».
El contrato incluyó en su cláusula undécima cel siguiente contenido: «Las mejoras que se realicen en la finca quedarán para la propiedad».
La posesión de la finca por el arrendatario se mantuvo hasta el día 2 de junio de 2014, fecha en la que por el Juzgado de 1ª Instancia 2 de Aracena se procedió al lanzamiento del acusado de la posesión de la finca y en la que la representación procesal del arrendatario hizo entrega de las llaves de la finca a la propietaria, tras la tramitación del oportuno procedimiento judicial de desahucio, en el que se dictó sentencia firme el 11 de marzo de 2014 por la que se condenó al acusado al abono de rentas adeudadas y a desalojar la finca.
Entre el mes de marzo de 2014 y el 2 de junio del mismo año el acusado procedió a desmontar, y retirar de la misma material consistente en 34 cancelas de cierre (23 cancelas de 5 metros, 5 cancelas de 2 metros, 6 cancelas de 4 metros), 412 metros de alambrada, 446 hincos, entre otros, que de acuerdo con lo pactado, debían quedar en la finca al desalojar la misma.
Además, el acusado causó daños en conducciones y tuberías de electricidad y agua valorados en 1.100 euros, y abandonó basuras cuya retirada ha sido valorada en 1.500 euros.
(Fotos: Archivo. Recurso)