La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ve, «en principio, beneficiosa» la propuesta normativa para ampliar las declaraciones obligatorias a efectuar por productores y primeros compradores de leche, pero adoptando ciertas cautelas para evitar comportamientos anticompetitivos.
En un comunicado, ha recordado que el proyecto de real decreto tiene como objetivo adecuar la normativa nacional a las nuevas exigencias que deben cumplir los primeros compradores de leche cruda de vaca en relación con las declaraciones obligatorias, establecidas en la normativa de la UE. Adicionalmente, se hace extensiva esta obligación a otro tipo de leches, así como a las producciones de calidad diferenciada (DOP e IGP).
ADVIERTE DE QUE EL «EXCESO DE TRANSPARENCIA» TAMBIÉN PUEDE FAVORECER COMPORTAMIENTOS «COLUSORIOS» Y POR ESO SE DEBE TOMAR CIERTAS CAUTELAS
Para la CNMC, estas «iniciativas» de transparencia «pueden resultar en principio beneficiosas» para los productores agrarios y consumidores porque facilitarían una «mejor adaptación» a las fluctuaciones de precios de los productos agrícolas básicos y prevenir el desacoplamiento de precios entre las distintas fases de la cadena.
Además, una «mejor visión global» de la actividad de las diferentes categorías de participantes en el mercado proporciona información «valiosa» sobre niveles y evolución de los precios a lo largo de la cadena alimentaria, lo que aumenta la presión sobre los operadores para que actúen con «mayor rapidez» a la hora de transmitir los precios.
Sin embargo, la CNMC cree que el «exceso de transparencia» también puede favorecer comportamientos «colusorios» y reducir la presión competitiva entre operadores, por lo que es «preciso adoptar ciertas cautelas».
Para reducir ese riesgo, la información debe presentarse al público con un nivel suficiente de agregación y debe mantenerse la confidencialidad facilitada por los operadores, aspectos que se recomienda extender a los primeros compradores y productores de leche de vaca, oveja y cabra, según Competencia.
Por último, valora la reducción del número de organismos con competencias en la gestión de la información, a la vista de que se trata de información «sensible y confidencial», en línea con las recomendaciones efectuadas por la Comisión en informes anteriores.
Esta última apreciación la hace en referencia a que el proyecto normativo lleva a cabo una reorganización de funciones entre la Agencia de información y control alimentarios (AICA), el Fondo español de garantía agraria (FEGA) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.