EFE.- En una entrevista con Efeagro, Company señala, como otros desafíos de su consejería, seguir «gestionando el día a día de las ayudas agrarias, tanto las comunitarias como las nacionales y las autonómicas, y conseguir que los efectos negativos que padece la comunidad por la insularidad se vean compensados».

En relación con los pagos, está satisfecho de la tarea realizada por una consejería que asume ámbitos diversos -desde el agroalimentario al agua, obras públicas, vivienda o medioambiente-, y cree «fundamental» haber «estado entre los primeros en abonarlas cada año y ponernos al día».

«Veníamos de que el anterior gobierno autonómico suprimiera la consejería de Agricultura; con lo que lo primero que se consiguió fue dignificar al sector y después ponernos al día de pagos».

En cuanto a las dificultades derivadas de la insularidad, Company las relaciona «sobre todo con la competitividad», por los costes de producción más elevados, el transporte y la presión de los grandes «monopolios y oligopolios» en el mercado interior de las islas, lo que «nos pone en una situación de imposible competencia con el resto de explotaciones de la Península o de Europa».

«El gran error viene de mucho antes», cuando desde la Unión Europea «sólo tuvieron en cuenta la insularidad ultraperiférica»; esa situación «la seguimos arrastrando, y el margen bruto de nuestras empresas agroalimentarias está en el último lugar, con una rentabilidad del 1,4-1,5 cuando la media está entre 10-25 %».

Una situación que, añade, «necesita neutralizarse, sea a través del régimen especial que tienen las Baleares, con una línea de desarrollo rural o con algún tipo de convenio que podamos firmar con Madrid hasta que se nos reconozca algo parecido al reglamento que tienen las Islas Egeo para compensar su insularidad desde Bruselas».

En su opinión, hay políticos que sólo conocen una cara de los territorios insulares «y hay algo más, que no es lujo; quizás nuestra equivocación ha sido no llevar a quien viene a las islas a ver la realidad del interior; que tiene muchas necesidades que no están compensadas suficientemente; que vean que no es oro todo lo que reluce».

En cuanto a la última reforma de la Política Agraria Común, valora el trabajo del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, porque tenía «un reto importantísimo, prácticamente la cuadratura del círculo».

En este sentido, remarca que el ministro «ha actuado, dentro de lo que era la situación, de forma muy, muy correcta, con nota alta, al hacer esa convergencia, evitando que se produzcan distorsiones demasiado grandes…».

Para Company se trata de una de las reformas más importantes porque, en el caso español, «la gente que tiene derechos de pago único más altos tienen que ceder en beneficio de los que tienen más bajos; esa convergencia se ha matizado y se ha intentado que no haya mucho movimiento ni entre autonomías, ni entre agricultores».

Baleares, con derechos de pago único «de unos 225 euros, cuando la media nacional es de 278, siempre tendría que ganar», explica el consejero, quien reconoce que el cambio que conlleva la reforma en el régimen de pago único «es importante y será una tarea complicada explicárselo a los agricultores y que lo entiendan».

«Siempre digo que Baleares es una pequeña España, tenemos un poco de todo: cereales, hortalizas, frutas, ovino, porcino, leche… Y lo que sucede en general, se ve perfectamente reflejado aquí, aunque sea a pequeña escala», explica.

En cuanto al reparto de ayudas al desarrollo rural, según el consejero, deja a su comunidad «muy reforzada; con un incremento del 27 % en lo que son fondos Feader».

«Estamos encarando el próximo periodo con el mantenimiento e incluso, si podemos, un pequeño aumento de líneas como las ayudas a la incorporación de los jóvenes agricultores, las enfocadas a dar valor añadido a la agroindustria -que si no tira del sector productor, éste está muerto-, las agroambientales y para razas autóctonas», precisa.

Company remarca que trabajan en «un borrador para discutir con el sector» sobre ayudas para «diversificar los ingresos de las explotaciones», y el trabajo por la integración cooperativa -«al agroalimentario se le tienen que dar las herramientas para que se defienda dentro del poco mercado»- y la diferenciación.

En ese sentido, alude a Mallorca, Menorca, Ibiza o Formentera como «marcas muy potentes» que unidas a las denominaciones de origen «venden también nuestro territorio y le dan un valor añadido».

Un enfoque en el que turismo y agroalimentación irían unidos y sobre el que hasta ahora «no se ha llegado a conseguir un pacto intersectorial; es cierto que lo que producimos no bastaría para satisfacer la demanda, pero creo que se podría hacer más».

«Siempre se le pide al sector hostelero que gire un poco hacia el sector productor, porque el turismo también se beneficia del cuidado del territorio, de la multifuncionalidad que tiene la agricultura en cuanto a cuidado del paisaje», y cita como ejemplo el proyecto «Wine Days Mallorca», en el que el vino es el «catalizador» para «disfrutar del entorno y de lo que hay dentro del entorno».

A su juicio, al sector hotelero y la restauración que se ha «decantado» por consumir preferentemente productos autóctonos, «hay que potenciarlos, ayudarlos e, incluso, distinguirlos. Crear algún tipo de logo para ellos».

Preguntado sobre la posibilidad de que hubiera un comisario europeo de Agricultura que fuera español, reconoce que «sería mucho más fácil, y más si entiende y que conoce de nuestras realidades en el sector primario y agroalimentario; sin duda siempre ayudaría».

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