José Luis Marcos / Presidente de ASAJA-Palencia
Las dos agrupaciones de nuestro sector a nivel comunitario, tanto de las organizaciones que representan a más de veinte millones de profesionales agroganaderos (el COPA, al que pertenece ASAJA) como de las cooperativas agrarias (la COGECA), remitimos recientemente a las autoridades de la Unión Europea una carta abierta para reclamar «políticas comerciales coherentes» que garanticen que nuestro sector sea rentable y, como tanto se dice ahora, sostenible (es decir, que esa producción agroganadera pueda mantenerse en el tiempo sin daños medioambientales).
Si hablamos ahí de «coherencia» es porque la propia UE nos califica como un sector estratégico que merece protección en un mundo complicado como el actual, y también nos considera un factor de riqueza y empleo (y de otros valores menos palpables, como la población del medio rural), pero no sólo para los profesionales del campo y sus familias, sino para el conjunto de la sociedad de los países miembros de la UE.
LA AMENAZA DEL ACUERDO CON EL MERCOSUR
Esa carta llega en un momento oportuno porque se configuran ahora los equipos políticos para el nuevo mandato comunitario fruto de las elecciones al Parlamento Europeo celebradas en junio: conviene recordar la voz del campo, que se olvida en cuanto las urnas van cogiendo polvo… Pero también es buen momento porque nuestro sector escucha un runrún (por decirlo de modo coloquial) sobre la repercusión negativa que pueda traernos el acuerdo de libre comercio de la UE con el Mercado Común del Sur, que parece próximo.
El Mercosur reúne a cinco países de Sudamérica (Venezuela está suspendida desde 2016), con Argentina y Brasil como potencias agroganaderas, un espacio supranacional donde a menudo no se produce con los estrictos patrones que se nos aplican al agricultor y ganadero comunitario.
Se ve que la omnipresente sostenibilidad da mucho juego en esos foros internacionales que, directa o indirectamente, pagamos todos; pero no acabamos de aplicar en todo el mundo reglas similares para producir los alimentos. Y no sólo en lo que se traduce en la conservación del medio ambiente, sino en cuestiones tan vitales como es el uso de productos nocivos para la salud humana.
COMPETENCIA DESIGUAL
Sustancias que llevan ya décadas prohibidas en el campo europeo siguen usándose fuera del espacio comunitario. Y, pese a una cierta vigilancia, siguen colándose en productos que acuden a nuestros puertos y mercados a competir con la mercancía nacional; una competencia que a menudo llega a precios que no cubren siquiera los gastos de la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria locales, con insumos más caros, pues a las restricciones medioambientales se unen también costes fiscales y sociolaborales propios de nuestro espacio europeo, que son menores (o incluso inexistentes) en otros países, cuyos Estados tampoco dan nuestros servicios públicos y protección social, que ojalá pudiera disfrutar su ciudadanía.
En suma, la globalización trae un amplio mercado de relaciones comerciales más libres, que nos exige en muchos productos agrarios una dura competición para que podamos cuadrar cuentas. Por eso, debe regirse con las mismas reglas. La coherencia de la UE pasa por requerir afuera que, al producir alimentos, cuiden del planeta y de las personas tanto como exige a su propio sector.