El secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, ha reiterado hoy en el Congreso que las comunidades autónomas son las responsables de la gestión de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), incluyendo las posibles correcciones por una incorrecta aplicación de los reglamentos, como la admisibilidad de pastos y consiguiente multa.
Esta declaración ha respondido a una pregunta realizada por el grupo socialista «sobre el hecho de que el Tribunal Supremo haya dado la razón a la Junta de Andalucía paralizando cautelarmente la decisión del Ejecutivo central de que pague la sanción por pastos».
En su intervención, Cabanas ha replicado que el Supremo «no ha dado la razón» a la Junta de Andalucía, sino que se ha dictado una medida cautelar para que no se ejecute un acuerdo de Consejo de Ministros sobre las correcciones financieras por la admisibilidad de pastos, impuestas por la UE a varias comunidades.
Ha recordado que España recurrió, tras consulta a las autonomías, la sanción de la Comisión Europea al considerarla «desproporcionada» y habrá que esperar la decisión del Tribunal de Justicia Europeo para ver exactamente qué repercusión tiene a nivel nacional.
La responsabilidad de la buena o mala gestión de las ayudas de la PAC corresponde a las cCAA y no al Ministerio
En este sentido, ha aclarado que la normativa europea ya incluía a la dehesa como superficie de pasto (afectada en un 83 % como admisible) a efectos de las ayudas de la UE. Por otro lado, la nueva definición conocida recientemente por las autoridades comunitarias, lo que hace es incluir superficies arbóreas o «pasto arbustivo», ha concretado el secretario general.
Ha reiterado que la responsabilidad de la buena o mala gestión de las ayudas de la PAC corresponde a las comunidades autónomas y no al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) ni al FEGA que sólo son «coordinadores», ya que transfieren los fondos a los organismos pagadores regionales.
Asimismo, ha afirmado que son las autonomías las que saben «a quién pagan, cómo pagan y en qué condiciones», añadiendo que el MAPAMA había advertido hasta en 5 ocasiones durante diferentes ejercicios (entre 2008 y 2013) a las comunidades cómo debían aplicar correctamente el coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP). y
Sin embargo, la diputada socialistas Josefa Inmaculada González no lo ve así y ha señalado que «el Gobierno español recibió una sanción de la UE por importe de 262,8 millones de euros» debido a una «incorrecta transposición de la normativa relativa a la admisibilidad de pastos» y que el MAPAMA inició la campaña a las autonomías a posteriori.
Tras estas declaraciones, la diputada ha denunciado que el Gobierno «quiere hacer recaer una multa de 262,8 millones de euros a 11 comunidades autónomas» a pesar de que éstas últimas siguieron las directrices sobre el CAP que marcó el Ministerio.
Ha advertido de la preocupación que tienen los agricultores y ganaderos andaluces, si tienen que abonar 63,7 millones de euros, porque verían perder un elevado importante de las renta que reciben de la PAC si se aplican las sanciones.