Fuentes oficiales del gigante de los refrescos han confirmado, sin embargo, que "se han planteado unas cifras de salida, que se pueden negociar y que podrían variar en función del resultado de las conversaciones". El problema, según estas fuentes, es que "ahora mismo los sindicatos se niegan a negociar nada hasta que no se retire el ERE y eso es algo que no se va a hacer", según informan Javier Romer y Rubén Esteller en www.eleconomista.es.
El reloj mientras tanto va corriendo en contra de las dos partes porque la fecha límite para llegar a un acuerdo entre empresa y trabajadores acaba el próximo 21 de febrero. A partir de ese momento, la compañía podría presentar el ERE de forma unilateral, pero se arriesga a que sea impugnado y a que los jueces lo declaren nulo.
Eso, al margen de que la propia Administración pueda también rechazarlo, ya que como la empresa está en beneficios tendrá que alegar causas organizativas que deben estar muy bien documentadas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la fábrica de Madrid, que se va a cerrar, es una de las más grandes y productivas de todo el grupo, con un total de 11 líneas de producción.
Caída de ventas y beneficio según la empresa
Las siete antiguas embotelladoras de Coca-Cola en España -fusionadas hoy en la nueva Iberian Partners- obtuvieron entre 2010 y 2012 un resultado operativo conjunto de 860,9 millones de euros. Sin embargo, la empresa justifica el plan de reestructuración puesto en marcha, que afectará a un total de 1.250 trabajadores -incluyendo tanto las salidas como los traslados- porque sus ventas están cayendo, sus márgenes de rentabilidad se han estrechado y beneficio se ha reducido.
El grupo explica en el informe presentado a los sindicatos que "del análisis del resultado de explotación se desprende una situación económica que se ha deteriorado a lo largo de los últimos años, puesto que, para el periodo 2010-2012, todos los embotelladores han sufrido descensos en esta partida, siendo el porcentaje agregado del 29,7 por ciento".
Los sindicatos denuncian que el ERE aprobado es "consecuencia de un proyecto que se llama 20+20 de la compañía Coca-Cola a nivel mundial", por el que el grupo tiene que duplicar los beneficios entre 2010 y 2020, algo que anunció ya el presidente de la multinacional, Muhtar Kent.
El ERE, al Congreso y presión de los gobiernos autonómicos
El conflicto, mientras tanto, se va politizando. IU llevará al Pleno del Congreso el ERE, solicitando que se considere ilegal que las empresas con beneficios despidan a trabajadores. Y, en la misma línea también, las Juventudes Socialistas se manifestarán junto a los trabajadores y emprenderán una campaña en Internet bajo el lema Ahogando la felicidad. Los paros puestos en marcha por los sindicatos están provocando además, según aseguran los trabajadores, que en algunas plantas, como la de Mallorca, se esté acabando ya el producto.
Coca-Cola ha anunciado el cierre de las fábricas de Madrid, Asturias, Alicante y Palma de Mallorca, lo que ha provocado además que los gobiernos de todas las comunidades autónomas afectadas hayan empezado a movilizarse. En esa línea, el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, afirmó que el Gobierno regional pondrá sobre la mesa "todas las posibilidades" para que Coca-Cola Iberian Partners negocie y cambie de opinión en cuanto al cierre de la planta embotelladora de Fuenlabrada.
"La Comunidad de Madrid está dispuesta a que se cumpla toda la normativa laboral en relación con los trabajadores y por supuesto que vamos a hablar con la empresa por si fuera posible que cambiaran la tesis que tiene ahora de cerrar cuatro factorías", explicó Ossorio. Frente a los cierres, la empresa trasladará producción a Barcelona, Bilbao y Valencia.