“Las principales víctimas de los recortes son las mujeres que trabajan y viven en el medio rural. Queremos seguir produciendo alimentos de calidad, seguros y respetuosos con el medio ambiente, pero con una justa e igualitaria cobertura social y económica. En estos momentos trabajamos para que los beneficios de la Ley de Titularidad compartida de las explotaciones agrarias tengan un reflejo real en el día a día de las agricultoras y para potenciar la calidad de los servicios e infraestructuras de nuestros pueblos”, ha apuntado Inmaculada Idáñez, responsable del Área de la Mujer de COAG y presidenta de CERES.
En este sentido, desde COAG y CERES se insta al Gobierno a que trabaje en distintos ámbitos para que se visibilice el importante papel de la mujer en el desarrollo rural y de esta manera se puedan implementar las medidas oportunas. “Si la Administración mejora las posibilidades de acceso a la sanidad, la educación o atención a la dependencia de la mujer rural, las agricultoras y ganaderas contribuiremos a la creación de empleo, cuestión vital en las zonas rurales ante la falta de alternativas laborales”, ha vaticinado Idáñez.
En el ámbito comunitario, ante el proceso de reforma de la Política Agraria Común (PAC), COAG y Ceres exigen que se realice el obligado informe de impacto de género a los presupuestos PAC 2014-2020. “De nada sirve manifestar que se pretende incorporar la perspectiva de género en la futura PAC si no se concreta con qué medidas lo van a hacer efectivo y con qué presupuesto”, ha apostillado la Presidenta de CERES.
En este sentido, las mujeres de COAG reclaman un giro de la PAC en favor del modelo social agrario de los agricultores/as y ganaderos/as profesionales, que reconozca la importancia estratégica del mismo como base de la alimentación, generador de riqueza y empleo.