También considera la organización agraria que es primordial el establecimiento de un "tope máximo de ayudas por explotación". COAG propone que el importe de ayudas PAC por beneficiario no supere los 100.000 euros para que los fondos agrícolas se dirijan a los verdaderos productores de alimentos y no a aquellos titulares de explotación que se mantienen en el agro con fines especulativos.
Otro tema de vital importancia para España será en su opinión, el del mantenimiento a medio y largo plazo del sistema de cuotas de producción en remolacha azucarera y leche y los derechos de plantación de viñedo. En el primer caso, para evitar la deslocalización de la producción hacía los países del centro y norte de Europa, y en el segundo, para impedir que el sector vitivinícola pase de manos de los pequeños y medianos viticultores a las macro-explotaciones y bodegueros.
También "será decisiva para nuestros agricultores la flexibilidad en la aplicación de la nueva PAC. La diversidad de nuestro sector agrario no puede acomodarse a la tasa plana de ayudas por explotación que plantea la Comisión Europea para todos los agricultores y ganaderos comunitarios", asegura COAG, que insiste en que no apoya el status quo pero exige cambios progresivos, con marcado carácter social y el establecimiento de zonas y regiones productivas con criterios agronómicos y socioeconómicos. Sería inaceptable un reparto de ayudas indiscriminado que supusiera el trasvase de fondos de los profesionales agrarios a los propietarios de la tierra ajenos al sector.
En referencia al denominado “greening” (pago adicional con fines medioambientales que podría suponer el 30% del total de ayudas), COAG apoya la postura aprobada por el Consejo Europeo en la que se pide que los condicionantes verdes de la futura PAC no obliguen al abandono de tierras productivas ni supongan descensos de rentas en los productores.
En el capítulo de desarrollo rural, será imprescindible fomentar la incorporación de jóvenes y mujeres al campo ante el envejecimiento y masculinización del sector. Se deben potenciar las medidas agrarias de desarrollo rural, garantizando la aportación del Estado y las CC.AA para que no se pierdan recursos comunitarios en el periodo 2014-2020.