COAG.- Ante el injustificable retraso acumulado en los últimos meses, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, exige a la Junta de Andalucía que proceda al pago inmediato de las ayudas establecidas en el Real Decreto 1724/2007, destinadas al fomento de sistemas de producción de razas autóctonas en régimen extensivo. En este sentido, COAG reclama el pago del ejercicio 2010 y los atrasos que sufren ganaderos que aún no han cobrado ejercicios anteriores.
Esta organización ya solicitó en el pasado mes de marzo pasado que se agilizase el proceso, obteniendo el compromiso de la administración autonómica de llevarlo a cabo en el menor tiempo posible. Han pasado cuatro meses y este compromiso no se ha cumplido. Los productores andaluces, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, siguen esperando unas ayudas que contribuyen a aliviar la delicada situación económica que atraviesan nuestras explotaciones ganaderas.
Frente a unos ganaderos que están cumpliendo el compromiso quinquenal adquirido, nos encontramos con unas Administraciones que, por un lado, no efectúan los pagos en los plazos establecidos y, por otro, como es el caso del MARM, reducen el presupuesto de una medida que tanta aceptación ha tenido en el sector. En una situación de crisis de los sectores ganaderos como la actual es exigible una mayor operatividad a la hora de gestionar un programa de esta naturaleza.
Estas ayudas, financiadas por el Ministerio de Medio Rural (MARM), se pusieron en marcha en 2008 para fomentar la utilización en España de modelos de explotación sostenibles basados en la utilización de razas propias de nuestro territorio y el aprovechamiento de los recursos de la explotación. Suponen un compromiso de actuaciones por parte de los ganaderos que dura cinco años y que incluye, entre otros elementos, el incremento en la explotación del porcentaje de animales pertenecientes a razas autóctonas españolas.
El pago se realiza en relación con el número de animales acogidos a la medida, con un máximo por titular de explotación de 6.000 euros anuales, 7.200 en el caso de estar acogido a una figura de calidad.