Según ha señalado en una nota tras la reunión Miguel Blanco,“ahora no sólo hablamos de las cuantiosas pérdidas por el robo de maquinaria, aperos, sistemas de riego, cobre, cosechas o cabezas de ganado, etc… sino de la integridad física de los agricultores. Es un problema de seguridad ciudadana que requiere seguridad pública y no privada”, a lo que ha añadido que “la sensación de impunidad crea un clima de desconfianza en el sector y en muchos casos los afectados descartan poner una denuncia porque la experiencia les dice que no servirá para nada, de ahí que los casos registrados no constaten la gravedad real”.
Para atajar este serio problema, COAG ha pedido al Gobierno que se pongan en marcha las siguientes medidas: Prevención y control, con mayor dotación y presencia de patrullas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en las áreas rurales.
Una modificación del Código Penal, sustituyendo el valor de lo sustraído por el valor del daño y por el valor añadido. Además, sería necesario una endurecimiento de la penas por robos en el campo, considerando agravante la pertenencia a delincuencia organizada, la nocturnidad y el despoblamiento.
Un aumento del control de los mercadillos, chatarrerías, desguaces, puertos y puesto de venta de material de segunda mano.
La elaboración de mapas de cultivos y cosechas susceptibles de robos, para optimizar la presencia de efectivos policiales en tiempo y forma. Asimismo, deberían identificarse los puntos de mayor incidencia para concentrar esfuerzos.
Y finalmente la elaboración de un sistema electrónico de registro de robos a nivel nacional, en colaboración con las CC.AA, para cruzar datos y detectar de forma rápida y eficaz los casos de reincidentes.