La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha expresado la preocupación del Ejecutivo autonómico ante los acuerdos alcanzados este viernes 16 unilateralmente por la ministra de Agricultura del Gobierno de España en funciones, Isabel García Tejerina, el presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, y representantes de los regantes de esta Comunidad en relación a las cuencas del Júcar y Segura y se considera como un trasvase encubierto.

En dicha reunión, la ministra ha anunciado una ampliación del decreto de sequía por un año más tras la prórroga del año pasado, al tiempo que ha anunciado que elevará al Consejo de Ministros antes del 30 de septiembre para su aprobación un nuevo Decreto-Ley sobre cuyo contenido exacto no ha informado, más allá de señalar que regulará la ampliación de la capacidad de las desalinizadoras del sudeste español, tal y como venía reclamando desde más de un año el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page.

Alguna de estas plantas duplicará su producción, como es el caso de la de Torrevieja (Alicante), que pasará de generar 40 hectómetros cúbicos anuales de agua dulce a 80, según ha anunciado.

La consejera de Fomento ha criticado la “unilateralidad” de la reunión a pesar de que se ha deliberado sobre problemas y medidas que afectan a las cuencas del Júcar y del Segura, que atraviesan territorio castellano-manchego. “El Gobierno de España está absolutamente de rodillas ante cualquier reclamación que proceda del Gobierno murciano”, ha indicado la consejera, hasta el punto de que “cualquier reclamación se toma al pie de la letra”.

De la Cruz ha criticado que la reunión se haya producido “sin tener en cuenta la opinión de Castilla-La Mancha”, lo que interpreta como “otro desprecio hacia la Junta de Comunidades y sus ciudadanos”.