El Gobierno regional de Castilla-La Mancha lo tiene claro: “El objetivo de la política agraria en la región es el agricultor profesional, el que se juega su dinero en la actividad económica, el que desarrolla empleo y riqueza”. Una posición que ha transmitido el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, durante la celebración del tradicional Día del Viticultor en Tomelloso y donde se ha mostrado rotundo al afirmar que “desde luego no compartimos que se flexibilicen los criterios para que agricultores que no son profesionales puedan recibir ayudas de la PAC”, en respuesta a las preguntas de los periodistas respecto a las reformas de la Política Agraria Común.
En esa posición del Gobierno regional, respecto a la PAC, es al agricultor profesional “al que deben dirigirse todas las iniciativas”, ha añadido Martínez Arroyo que se ha mostrado convencido de que van a estar de acuerdo todas las organizaciones agrarias de Castilla-La Mancha y ha hecho una férrea defensa de estas ayudas que “tienen que seguir existiendo porque sin PAC no tendríamos la agricultura que tenemos, ni el sector agroalimentario que tenemos en Castilla-La Mancha”.
Aunque, ha señalado la necesidad de priorizar en el reparto de los recursos públicos indicando que “hay que destinarlos donde más necesarios son, esta es la posición de la región”.
una vendimia “absolutamente normal en cantidad, con una producción media y sin incidencias”
Asimismo, el titular de Agricultura en Castilla-La Mancha ha vaticinado una campaña de vendimia “absolutamente normal en cantidad, con una producción media y sin incidencias”, que con una planificación sectorial impulsada desde el Gobierno regional, “va a permitir que sigan viviendo miles de familias en nuestra región”.
En este sentido, Martínez Arroyo ha recordado que “es obligatorio que exista un contrato de compraventa entre compradores y vendedores de uva; es la ley y la ley hay que cumplirla” y ha advertido que desde la Consejería se va a vigilar para que así sea en la región.
En cualquier caso, ha asegurado que en Castilla-La Mancha hay un grado de cumplimiento muy alto. “El año pasado tuvimos una experiencia muy positiva en el cumplimiento de la obligación de que existiera un contrato de compraventa entre bodegas y agricultores” y, además, “hubo un grado muy alto de cumplimento también en la obligación de que las bodegas paguen la uva a treinta días”, tal y como establece la Ley de Morosidad. Dos cuestiones que, a juicio del consejero, “ayudan mucho a que el sector se organice y aportan transparencia”, pero en el que “tenemos que seguir haciendo mucho más”.