La Guardia Civil investiga a cinco personas por transformar ilegalmente en Sevilla 400 hectáreas de secano en regadío, lo que ocasionó un daño ecológico de seis millones de euros al obtener cada año más de 829 millones de litros de agua sin control alguno del río Guadalquivir y de pozos sin permisos.

La investigación ha sido realizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Sevilla dentro de la segunda fase de la Operación ‘Irrigatio’, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Las personas vinculadas con la trama, que habrían logrado un beneficio de tres millones de euros anuales, están siendo investigadas por su supuesta implicación en delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, usurpación y falsedad documental.

HACÍAN UNA EXTRACCIÓN DIRECTA DEL RÍO GUADALQUIVIR SIN AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO EL USO DE POZOS Y SONDEOS CARENTES DE PERMISOS, INCLUSO EN PERIODOS DE RIESGO POR  SEQUÍA

Se trata de una nueva fase de la operación, iniciada en 2021, que ha permitido detectar irregularidades medioambientales en los términos municipales de Villanueva del Río y Minas, Alcolea del Río y Lora del Río, en la provincia de Sevilla.

Los agentes centraron sus investigaciones en un complejo de fincas y explotaciones agrícolas de un grupo familiar que se habían transformado de forma ilícita de secano en regadío.

Los terrenos, principalmente de olivos, aunque también de naranjos, eran nutridos mediante captaciones no autorizadas de agua superficiales y subterráneas.

Entre los métodos empleados se encuentra la extracción directa del cauce del río Guadalquivir sin autorización, así como el uso de pozos y sondeos carentes de permisos, incluso durante periodos de especial riesgo por  sequía.

Unas 270 hectáreas habrían sido transformadas sin concesión alguna por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y se calcula que el daño ecológico ocasionado podría superar los seis millones de euros tras la extracción de más de 829 millones de litros anuales (829.530 metros cúbicos).

Según la investigación del Seprona, se había detectado una compra masiva de terrenos agrícolas de secano que se convertían en regadío de forma fraudulenta, y algunas de las fincas se adquirían con cercanía a ríos o con derechos legales de captación, al parecer con el objetivo de aumentar la disponibilidad de agua.

Las actividades presuntamente ilícitas habrían reportado a los responsables beneficios anuales que podrían superar los tres millones de euros.

A lo largo de las inspecciones realizadas por el Seprona y agentes fluviales de Confederación Hidrográfica del Guardalquivir se han constatado diversas infracciones administrativas, en su mayoría, explotaciones que colocaban cerramientos complejos y la ocultación de motores, pozos y sistema de captación en casetas y estructuras metálicas.

Otro de los aspectos relevantes de la investigación es la presunta apropiación indebida de vías pecuarias y caminos públicos, cuya libre circulación habría sido impedida.

Además, se han documentado trabajos de roturación y desmonte en zonas de servidumbre del arroyo Guadalbacor con el objetivo de implantar cultivos intensivos de olivar, invadiendo áreas especialmente sensibles desde el punto de vista medioambiental.

Asimismo, se ha podido comprobar que el grupo familiar investigado habría percibido ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea mediante la declaración fraudulenta de fincas.

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones en los próximos meses.