Con este acuerdo político, "se espera que la toma de decisiones sea más fluida y mejore el procedimiento de autorización", según afirmó la ministra española de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en el debate del consejo de ministros europeos de Medio Ambiente.
"Tenemos un procedimiento de autorización modélico en términos de seguridad, y la constante confrontación de opiniones en el Consejo merman su eficacia, restando credibilidad al trabajo de los organismos de evaluación de riesgo", añadió Tejerina.
Los países pueden negociar con las empresas que les excluya de sus permisos
Un gran número de Estados miembros, como Francia, Austria o Hungría, actualmente cuentan con medidas nacionales contra el cultivo de transgénicos que sin embargo están autorizados a nivel europeo, lo que creaba ciertas dificultades legales.
El acuerdo plantea que los países puedan solicitar a la compañía en cuestión, por ejemplo la multinacional Monsanto, que les excluya de la solicitud que presentará ante Bruselas para lograr autorización de un transgénico, aunque si la empresa se niega, el país tendrá margen igualmente para prohibir el cultivo en su territorio.
La propuesta permite que los Estados miembros que prohíban el transgénico incluso si no dieron el paso de pedir a la compañía quedar al margen de la autorización, lo que en la práctica supone legalizar la situación actual.
Los tribunales pueden decidir el futuro de los transgénicos
Sin embargo, la organización Greenpeace rechazó el acuerdo por sus "lagunas legales" y denunció los "riesgos" que supone, según un comunicado.
La ONG afirmó que los países que decidan finalmente prohibir el cultivo de transgénicos en su territorio carecerán de "herramientas" para defenderse en los tribunales ante los potenciales pleitos que las multinacionales propietarias de transgénicos planteen.
"No tiene base legal sólida para las prohibiciones, que podrán ser rebatidas con éxito en los tribunales por las compañías, que ganarán frente a los países", afirmó el encargado de Agricultura de Greenpeace UE, Marco Contiero.
España, satisfecha con un acuerdo que le beneficia
Por contra, países como Reino Unido y Alemania defendieron la solidez del acuerdo, al igual que España, el socio que más superficie dedica en la Unión Europea al cultivo de los transgénicos.
"Todos perseguimos un objetivo común, que es proporcionar a nuestros ciudadanos un proceso de autorización con los mismos requisitos de seguridad, pero más ágil y eficaz", aseguró Tejerina.
"Las ventajas de la biotecnología aplicada a la agricultura hacen que su utilización esté cada vez más extendida entre los principales productores mundiales, la Unión Europea no puede continuar manteniéndose al margen", defendió la ministra española.
Los Veintiocho tendrán que llegar ahora a un acuerdo con el Parlamento Europeo (PE) para la entrada en vigor de las nuevas normas.
Varios países mostraron su deseo de que se alcance un consenso lo antes posible, durante la presidencia semestral de la UE que asume Italia el primero de julio próximo. "Este no es el final del viaje, pero es un buen comienzo. Celebro el compromiso de la presidencia italiana de tratar de lograr un acuerdo con el parlamento europeo, sería una excelente postal navideña para diciembre de este año", dijo el comisario europeo de Salud, Tonio Borg.