Los representantes del sector porcino hemos trabajado firmemente durante las últimas semanas para concienciar al Gobierno de que hay que evitar el cierre de las plantas de cogeneración de tratamiento de purines, hecho que pone en peligro las explotaciones ganaderas que dependemos de las mismas.
El Gobierno debe tener claro que la modificación del sistema retributivo de la producción de energía con cogeneración y residuos provocará la eliminación de un apoyo esencial para el mantenimiento de las explotaciones ganaderas, dado que actualmente no hay más alternativas para gestionar el volumen de excedentes de purines.
Los ganaderos, y especialmente los productores de porcino, durante los últimos años hemos hecho un esfuerzo económico extraordinario para adaptarnos a la normativa ambiental europea, y también, a la relativa al bienestar animal. Somos el país europeo que antes ha cumplido todos los requisitos establecidos. En contrapartida, el Gobierno, con la reforma del sector eléctrico deja los ganaderos fuera de la ley, dado que provoca el cierre de la única alternativa para la gestión de los excedentes de purines. La eliminación de la producción de energía en régimen especial y el establecimiento de un nuevo régimen jurídico y económico es una gran incoherencia que no nos puede dejar indiferentes, puesto que hará inviables económicamente las plantas de cogeneración de tratamiento de purines, provocando la pérdida de una de las alternativas medioambientales más sostenibles y destruyendo muchos puestos de trabajo en las plantas y en las granjas que de ellas dependen.
Para situarnos hay que mencionar que en España hay 29 plantas de cogeneración, que dan servicio a 2.000 explotaciones, gestionando unos 2.000.000 m3 de excedentes de purines. Conviene subrayar que España es el segundo productor comunitario de carne de porcino y el cuarto a nivel mundial, sólo superados por China, Estados Unidos y Alemania. El volumen de negocio del sector supera los 6.000 millones de euros. Asimismo, este sector juega un papel económico relevante dentro del sector agrario general, ya que representa un 14% de la producción final agraria y un 37% de la producción final ganadera. Es el principal motor económico de muchas regiones, generando más de dos millones y medio de empleos, de los cuales cerca de 200.000 son puestos de trabajo directos.
También hay que destacar que somos un sector netamente exportador, (destinando a mercados exteriores más del 45% de la producción), y por tanto no nos podemos permitir poner trabas a la comercialización exterior con el incumplimiento de la normativa ambiental. Este hecho nos dejaría a nivel europeo y mundial en inferioridad de condiciones para poder ser competitivos.
En definitiva, pienso que no podemos permitir que las incoherencias en las políticas establecidas por el Gobierno pongan en peligro el cumplimiento de legalidad medioambiental por parte de los ganaderos de porcino, que hemos hecho un gran esfuerzo adaptándonos a la normativa de nitratos y a los Planes de Deyecciones Ganaderas. No permitiremos que se ponga en peligro un modelo productivo que funciona, que genera riqueza, crea puestos de trabajo y fomenta el desarrollo de las zonas rurales.