ASAJA ha valorado positivamente el rechazo del Congreso de los Diputados esta semana a la propuesta de reducción de la jornada laboral en España, una medida que no solo esta organización sino la mayoría del sector siempre ha considerado inviable para el sector agroganadero.
«El campo no depende de horarios fijos, sino de factores naturales como las condiciones atmosféricas, el ciclo de los cultivos o el cuidado de los animales. Imponer una norma rígida desde los despachos sería un duro golpe para nuestros agricultores y ganaderos», ha explicado Juan José Álvarez Alcalde, secretario de Organización de ASAJA.
La medida, rechazada este miércoles, 10 de septiembre, por la mayoría de los diputados, incrementaría los costes laborales en un sector ya asfixiado por las subidas del salario mínimo interprofesional y de las cotizaciones sociales, así como por la burocracia y las exigencias medioambientales.
MANO DE OBRA ESCASA E INFLACIÓN EN LOS ALIMENTOS
Además, ASAJA cree que obligaría a contratar más personal «cuando ya resulta muy difícil encontrar mano de obra disponible para el campo».
Para esta organización, «en los convenios colectivos es donde deben definirse, con flexibilidad y conocimiento de la actividad, las condiciones laborales en el medio rural. De lo contrario, se estaría legislando de espaldas al mundo agrario, con graves consecuencias para la viabilidad de miles de explotaciones familiares y para la competitividad del sector productor español».
«Estamos ante una medida que no tiene en cuenta la realidad del campo y que también acabaría repercutiendo en el consumidor, al aumentar los costes de producción y los precios», ha advertido Juan José Álvarez.
El rechazo del Congreso de los Diputados al proyecto de ley para reducir la jornada laboral impulsado por el Ministerio de Trabajo contó con el apoyo Junts, PP y Vox, que sumaron sus votos para sacar adelante enmiendas a la totalidad, lo que supuso que no prosperase la propuesta, un duro golpe para la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y para los dos grupos del gobierno de coalición, PSOE y Sumar, que respaldaban la medida.