Unió de Pagesos (UP) ha anunciado este jueves 20 que apoya la decisión del Departamento de Agricultura de articular un plan de arranque en Cataluña, a través de una ayuda de mínimos con cofinanciación estatal, a la vez que ha pedido a Aragón que haga lo mismo.
Según han explicado desde el sindicato agrario, el objetivo de este plan de arranque es retirar entre el invierno del 2018/19 y el del 2019/20 hasta 2.000 hectáreas de melocotones y nectarinas de la producción.
En este sentido, UP recuerda que lleva reclamando un plan de estas características desde «hace más de un año«, pese a que la Comisión Europea lo desestimó. La organización agraria había reclamado un Plan de arranque estatal desde hace más de un año, aunque la Comisión Europea la ha desestimado, según dieron a conocer los responsables del Departamento.
En el marco de la Mesa sectorial, Unió de Pagesos propuso a la Administración catalana que se pusiera de acuerdo con su homóloga de Aragón para que también se articule un Plan de arranque en este territorio, dado que la situación de crisis estructural en melocotones y nectarinas la comparte toda la zona frutícola del valle del Ebro, sobre todo Cataluña y Aragón. Ambos territorios comparten los períodos de mayor recolección y comercialización (julio y agosto), en los que se encuentran, anualmente, picos de producción con dificultades de comercialización. Para Unió de Pagesos, lo más razonable es aplicar un Plan de arranque de 2.000 hectáreas en Cataluña, y su equivalente, también en Aragón.
Finalmente, UP hizo una valoración positiva del anuncio de la publicación de los precios del Observatorio de precios de referencia en pera y manzana. Unió de Pagesos siempre ha defendido disponer de un sistema de captación de precios de referencia válido estadísticamente para dar transparencia al sector. En este sentido, considera que uno de los motivos de la sentencia negativa a la demanda presentada por Fruits de Ponent contra la Comisión Europea por la crisis de precios de la fruta de 2014, ha sido los datos de los precios que el Estado trasladó a la Comisión en julio de 2014 y que no mostraban la realidad del sector, que ya estaba en una situación de crisis grave antes del anuncio del veto ruso.