Esta actuación se está realizando -recuerda Herrera- "en estrecha colaboración con el sector, con el fin de unificar sus distintas propuestas, para lo que se han mantenido hasta diez reuniones de trabajo, en las que han participado doce asociaciones y organizaciones representativas del mismo".
Juan Vicente Herrera pone de manifiesto que el documento sobre el respaldo al ibérico aprobado el 7 de mayo "con el consenso de todo el sector" fue el primero en su género en España.
La postura de la Junta de Castilla y León sobre el borrador de Real Decreto de la Ley de Calidad del Ibérico que remitió el Ministerio a las comunidades autónomas el pasado 4 de diciembre es que sea retirado en el caso de que no atienda las aspiraciones del sector, que lo considera perjudicial para la Comunidad y discriminatorio con respecto a Andalucía.
De acuerdo con los resultados de la reunión mantenida por la Junta con el sector el pasado lunes, Castilla y León pide que se incluya el porcentaje de factor racial en el etiquetado para aportar información al consumidor, pero que funcione de manera independiente al nombre comercial del producto, como ocurre en otros ámbitos como el del queso.
Para la Junta, no se pueden cambiar las reglas del juego ahora cuando existen unos nombres comerciales consolidados que ya eran costumbre desde los años cincuenta, por lo que defiende que ésos continúen utilizándose en el mercado porque los consumidores los identifican.
También se opone Castilla y León al hecho de que el borrador no establezca ningún periodo transitorio, ni para adaptar el etiquetado ni para adecuar las explotaciones.
A juicio del Gobierno regional, la adaptación de las instalaciones supondrá un "encarecimiento en los costes de producción de más del diez por ciento" a los ganaderos y "disminuirá" la materia prima en el mercado.