Castilla y León ha perdido en el último año el 3,6% de los perceptores de las ayudas de la PAC mientras que la superficie ha permanecido prácticamente igual, según los datos oficiales anunciados por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. En total, los agricultores y ganaderos de Castilla y León perceptores han registrado 60.757 solicitudes únicas de las ayudas de la PAC para 2025 dentro del plazo establecido, con una superficie que alcanza las 5.278.403 hectáreas.
Las solicitudes recibidas en la Consejería suponen una disminución del 3,6% respecto al año anterior, mientras que la superficie se incrementa ligeramente, con 4.451 hectárea más. Como viene sucediendo en años anteriores, disminuye el número de solicitudes para dar paso a explotaciones más profesionales que mantienen, aunque no incrementan significativamente, la superficie de cultivo.
Del análisis de los datos se desprende que la mayoría de ellas corresponden al régimen de ayuda básica a la renta y pagos complementarios, con 54.220 solicitudes. Además, se han registrado 2.547 expedientes para la ayuda complementaria a los jóvenes agricultores y otras 454 solicitudes de importes a la reserva nacional.
Hay que destacar que 50.210 agricultores y ganaderos se han acogido a alguna de las prácticas previstas en los eco-regímenes, lo que representa el 92 % del total, mientras que la superficie acogida supera el 96 %. Por tanto, las explotaciones más dimensionadas son las optan por estas estas prácticas.
Asimismo, en la solicitud única 2025 se incluyen 8.043 solicitudes de ayudas agroambientales y de agricultura ecológica, así como 28.525 solicitudes de ayudas a zonas con limitaciones, de las cuales 5.248 corresponden con miembros de entidades asociativas, que percibirán la ayuda en proporción a su porcentaje de participación en la misma.
A partir de ahora, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural realizará las comprobaciones oportunas y la monitorización de los cultivos. Los propios beneficiarios podrán aportar fotografías georreferenciadas -para lo que la Junta ofrece una aplicación propia-, actas de Agroseguro o cualquier documento que permita verificar la actividad o el cultivo en caso de posibles discrepancias.