La Junta de Castilla y León ha iniciado este martes 17, con el plazo de información publica, la tramitación de una nueva ley de Caza que sustituya a la de 1996, reformada por las Cortes este mismo año para evitar la suspensión de la actividad cinegética en la Comunidad, lo que ha merecido sendas cuestiones de inconstitucionalidad del TSJCyL y el Defensor del Pueblo.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha publicado este martes en el boletín oficial de la Comunidad la resolución por la que se somete desde hoy y hasta el próximo 17 de enero de 2020 al trámite de información pública el Anteproyecto de Ley de gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León, o Ley de Caza, que estará a disposición de la ciudadanía en la plataforma de Gobierno Abierto de la Junta.

Según ha detallado la Consejería en un comunicado, este nuevo texto sustituirá a la actual Ley de Caza, vigente desde 1996, y pretende adaptar la regulación de esta actividad a los cambios que se han producido en estos 23 años.

«La nueva normativa incide especialmente en la necesidad de realizar una planificación rigurosa, periódica y constante que garantice la sostenibilidad de los recursos cinegéticos», ha añadido la Consejería.

El pasado 27 de marzo, las Cortes de Castilla y León aprobaron la proposición de ley planteada por los grupos para modificar esa ley de caza de 1996 y con ello evitar la suspensión cautelar de esta actividad dictada en sendos autos por el Tribunal Superior de Justicia, tras las demandas del Partido Animalista (PACMA).

El 28 de junio, el Defensor del Pueblo presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra varios preceptos de la modificación de esa ley de Caza, que fue admitido por el Constitucional.

El recurso del Defensor del Pueblo se basa en que la modificación se aprobó sin los estudios necesarios y con la intención de eludir el cumplimiento y dejar sin efecto los autos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que paralizaron de forma cautelar la caza en esta comunidad.

Y el 15 de noviembre, El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el TSJCyL planteó otra una cuestión de inconstitucionalidad contra esa ley de Caza, al considerar que la modificación de la norma pretende sustraer a los tribunales el control de la regulación de la actividad cinegética.

el anteproyecto de ley reconoce el papel tradicional de la caza y su notable relevancia cultural, deportiva, turística y social

La Consejería ha defendido que la ley pretende adaptar la actividad a los cambios que se han producido en estos 23 años, con «un notable incremento de los terrenos forestales, y las especies allí presentes, sobre todo las de caza mayor», que se han multiplicado, «provocando incluso situaciones no deseables de desequilibrio poblacional, con daños como los derivados del preocupante aumento de los accidentes de tráfico, y con mayor dificultad para controlar enfermedades de la fauna».

«Esta evolución es la que motiva incluso el cambio de nombre de la Ley», ha precisado la Consejería, que ha detallado que en el anteproyecto de ley «se reconoce el papel tradicional de la caza y su notable relevancia cultural, deportiva, turística y social, y como instrumento del control ordenado de las poblaciones de la fauna silvestre».

Y «se establecen mecanismos eficaces y garantistas de control poblacional para corregir los efectos negativos que, por la sobreabundancia de determinadas especies, se pudieran producir para personas y bienes como sobre la sanidad humana y animal, seguridad vial, los cultivos e incluso para la misma conservación de los ecosistemas».

El anteproyecto incide en que «la caza debe realizarse en el marco de una planificación rigurosa, periódica y constante, que garantice su sostenibilidad».

Y por ello, «todos los planes cinegéticos de los más de 5.000 cotos de caza que existen en Castilla y León deberán ser elaborados por técnicos competentes y aplicando unas metodologías estandarizadas y contrastables, tanto en la realización de los inventarios como en el cálculo de los cupos de caza. Y deberán renovarse al menos cada 5 años, ya que ese es su plazo de vigencia máximo».

Además, «se establece un sistema de seguimiento de las capturas realizadas, que garantice que no se superan los cupos de caza permitidos, además de proporcionar datos valiosísimos para el conocimiento actualizado de los ecosistemas».

Para ello se prevé «la implementación de una sencilla aplicación informática a través del teléfono móvil que permita a quienes practiquen la caza registrar las capturas que realicen. No obstante, se prevé un periodo transitorio de 4 años, para adaptarse a este nuevo sistema».

El conjunto de estas tres innovaciones -censos rigurosos, cálculo metodológicamente homologado de los cupos de captura, y control de dichas capturas- «garantizará al máximo que en Castilla y León se caza de forma sostenible y compatible con la conservación de las especies cinegéticas», ha concluido la Consejería.

Otra novedad es la posibilidad de Declaración de Emergencias Cinegéticas, cuando en una comarca exista una determinada población de especie cinegética que resulte especialmente peligrosa para las personas o perjudicial para otras actividades rurales.

Y se crean las figuras de los Cotos Colaboradores y los Cazadores Colaboradores, para ayudar a la obtención de información y experimentación en materia cinegética que contribuya a mejorar la gestión sostenible.

Se incluyen asimismo otras novedades, como permitir cazar con nieve en determinadas condiciones o la obligación de recoger los casquillos de los cartuchos y balas.