Mientras el resto de países europeos publican esta información en páginas web oficiales, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha ocultado durante muchos años esta información. “La transparencia es imprescindible para que se produzca un debate serio sobre el uso de los transgénicos. Al proporcionar la información tarde el Gobierno ha incumplido con el Convenio de Aarhus y con la ley de acceso a la información ambiental”, afirmó Victoria Anderica de Access-Info Europe.
El 80% de las solicitudes de experimentación en España son realizadas por empresas multinacionales, con Bayer a la cabeza con dieciséis solicitudes, seguida por Monsanto y KWS con seis experimentos cada una. “Tanto Bayer como Monsanto tienen un conocido historial de escándalos de contaminación: en 2006 fue el arroz de Bayer el que invadió la cadena alimentaria, este año ha sido el turno de Monsanto, responsable del caso de la contaminación con trigo que puso patas arriba el mercado mundial de trigo el pasado verano”, añadió Blanca Ruibal responsable de Agricultura y Almentación de Amigos de la Tierra
La mayor parte de los experimentos solicitados en 2012 y 2013 por las empresas biotecnológicas han tenido lugar en ubicaciones desconocidas de Castilla y León, muchos de ellos con remolacha transgénica. “El cultivo de la remolacha es muy importante en la región. Los agricultores no queremos experimentos con remolacha transgénica, si se contaminan nuestros cultivos tendríamos serios problemas para comercializar nuestra producción”, afirmó Prisciliano Losada, Secretario Técnico de COAG Castilla y León.
El riesgo de contaminación es muy alto en el caso de la remolacha, debido a que es una planta cuyo polen alcanza grandes distancias. Aunque no es autóctona, existen poblaciones asilvestradas de remolacha en muchas zonas.
“Los transgénicos no benefician al campo. Un medio rural vivo solo es posible con una agricultura respetuosa con el medio ambiente, diversa y de pequeña escala. Los transgénicos representan el modelo opuesto, solo benefician a las grandes multinacionales mientras los campesinos y campesinas tienen que abandonar el campo” añadió Jerónimo Aguado de Plataforma Rural.
Las organizaciones denuncian también la ausencia de información por parte las Consejerías de Agricultura de las Comunidades Autónomas que tiene la competencia de aprobar la realización de campos experimentales en sus territorios. Su gestión se caracteriza al igual que el gobierno central por la opacidad. Las organizaciones demandan que en cumplimiento de la ley esta información se publique directamente por la administración