El Consejo de Gobierno ha acordado remitir a las Cortes de Castilla-La Mancha el Proyecto de Ley contra el Fracking que, a partir de ahora, iniciará su negociación parlamentaria en la que los grupos políticos “se tienen que poner de acuerdo”, ha manifestado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en la rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha.
De esta manera, se cumple un compromiso electoral del presidente, Emiliano García-Page, quien ya se comprometió a impedir la práctica del ‘fracking’ en El Bonillo antes de llegar al Gobierno, ha recordado el consejero.
En este sentido, Martínez Arroyo ha insistido en que el Gobierno regional “cumple este compromiso electoral” y “también el de remitir a las Cortes este proyecto de Ley antes de que finalice el año 2016″.
Sería la primera Ley de este Gobierno, después de llos Presupuestos, que se posiciona en “defensa de las energías renovables»
De esta manera, ha mostrado su confianza en que “a nivel nacional se den todos los pasos para que la práctica de fractura hidráulica se prohíba en toda España”. Y ha explicado que, una vez aprobado, “previsiblemente, esta primavera” se elaborará un Plan Estratégico para delimitar las exigencias a las empresas que quisieran realizar ‘fracking’ en Castilla-La Mancha. A día de hoy, el Consejo Consultivo ha devuelto el documento con observaciones y se han tenido en cuenta las alegaciones, aunque el Proyecto de Ley mantiene el compromiso inicial del Gobierno en la defensa del medio ambiente.
Una vez aprobada, sería la primera Ley de este Gobierno, después de la aprobación de los Presupuestos, que se posiciona en “defensa de las energías renovables frente a este tipo de prácticas que pone en riesgo nuestra biodiversidad, al tiempo que ha recordado que la industria agroalimentaria y la agricultura apuestan por un modelo sostenible y necesitan el agua.
Precisamente, en esta materia ha explicado que entre los inconvenientes para el desarrollo del ‘fracking’ está que es “muy exigente” desde el punto de vista de la utilización de agua y, evidentemente, “en Castilla-La Mancha hay muchas cuestiones pendientes en materia hídrica”, entre otras aquellas que realmente afectan a los ciudadanos de los municipios en las zonas más proclives a esta práctica, como la agricultura y la industria agroalimentaria que también tienen necesidades en materia de agua y que, ha subrayado, “son prioritarias y responden a un modelo de desarrollo rural sostenible que es por el que apuesta este Gobierno».
En cualquier caso, el consejero ha recordado que “la energía es competencia estatal” y, por tanto, se ha extremado la prudencia desde el Gobierno regional para impedir la técnica en la práctica a través del “endurecimiento de los requisitos medioambientales”, teniendo en cuenta el precedente de las comunidades autónomas que la prohibieron y que la Justicia no permitió. Martínez Arroyo considera que el Gobierno central debería prohibir la práctica en todo el Estado.
En esta materia, ha reconocido el papel de las plataformas ‘antifracking’ de Albacete y Guadalajara por su papel y su lucha tras la aprobación del inicio de proyectos de investigación por parte del Ejecutivo anterior en el Campo de Montiel y Guadalajara.