Soriano avanzó estas cifras en Madrid tras participar en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural –compuesta por el ministerio y las comunidades autónomas-, en la que se ha decidido el reparto de fondos para varias líneas agrícolas y ganaderas.
La consejera ha detallado que en el sector ganadero la región recibe 1,26 millones de euros para varios programas: mejora de la organización productiva y ganadería extensiva (439.549 euros); ayudas a las explotaciones ganaderas para financiar el coste de avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria para la obtención de préstamos (402.243 euros); fomento de la apicultura (236.950 euros); control oficial de rendimiento lechero (150.996); y razas autóctonas en peligro de extinción (38.231 euros).
Por su parte, algo más de 1 millón de euros son para dos programas agrícolas. El grueso de los fondos es para el sector de los frutos de cáscara y algarrobas, con 989.746 euros, de los que se beneficiarán casi 60.000 hectáreas de la región. Por su parte, para la calidad de variedades vegetales llegarán 41.552 euros.
Con respecto a programas de sanidad animal y vegetal, Castilla-La Mancha recibe algo más de 1 millón de euros. De ellos, 862.000 euros son para programas estatales de control y erradicación de Enfermedades Espongiformes Transmisibles (EETs) y otras enfermedades animales; y 157.000 euros para prevención y lucha contra plagas.
Más allá del reparto de fondos, otro punto destacado de la reunión ha sido el análisis sobre el “Sistema de control de la calidad comercial alimentaria”, con el que se pretende homogeneizar el proceso en toda España.
El ministerio y las comunidades han acordado la realización de análisis a los operadores alimentarios en origen, es decir, a fabricantes, elaboradores, envasadores, almacenistas y distribuidores mayoristas; en todo caso, cuando la línea de inspección así lo reclame, se podrán hacer controles en establecimientos de destino, como puntos de venta al consumidor, caterings, etc.
Tras la reunión de la Conferencia Sectorial ha tenido lugar el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, en el que el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas han preparado el próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, en el que continúan las negociaciones de cara a la próxima reforma de la Política Agraria Común (PAC)
María Luisa Soriano se ha opuesto a la intención de Bruselas de aplicar un criterio de convergencia de ayudas –limitar las diferencias entre lo que perciben unas regiones o sectores y otros- que supone un amplio trasvase de fondos de un sector a otro, que podría alcanzar el 30%, mientras que Castilla-La Mancha y el ministerio apuestan por un sistema más suave, que ronde el 8%.
Además, ha reiterado la necesidad de que España obtenga cierta flexibilidad para adaptar algunas medidas a la realidad de su agricultura y ganadería. Especialmente ha hecho hincapié en su oposición a incrementar la superficie española con derecho a ayudas, que Bruselas pretende elevar a 38 millones de hectáreas por los casi 22 millones actuales.
“Eso supondría que entraran en el sistema de ayudas muchos terrenos que no son de agricultores y ganaderos profesionales a costa de reducir casi a la mitad la percepción de aquellos que hoy tienen derecho a ayudas, lo que llevaría a la ruina a muchas explotaciones”, ha criticado la titular de Agricultura de Castilla-La Mancha.
También ha reivindicado menor peso de los criterios medioambientales en la concesión de ayudas, frente a la propuesta de la Comisión Europea de que el 30% de las subvenciones se concedan en función de los requisitos medioambientales a través del llamado greening.