Soriano ha destacado la introducción de "importantes cambios con respecto al texto de la Comisión Europea, que debatirá la reforma en los próximos meses con los estados miembros, pero que tendrá que tener muy en cuenta la opinión del Parlamento, ya que por primera vez en la historia tiene derecho de veto", ha incidido.
Además, ha señalado que el punto más importante es el mantenimiento de las actuales ayudas de la PAC -casi 1.000 millones de euros al año para la región- que suponen una parte destacada para la renta de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha.
"Esto es lo que defiende la Junta y lo que defiende el Gobierno de España y es importante contar con el apoyo explícito del Parlamento ante el intento de recorte de fondos por parte de la Comisión Europea", ha manifestado la consejera.
Soriano ha valorado también que el texto "favorece la incorporación de jóvenes", al primarles con un 25 por ciento de ayudas extra y fortalece la figura del productor en la cadena agroalimentaria, al establecer un tipo de contrato obligatorio entre el productor y la industria en el que se fije el precio, evitando la práctica de pago según resultados.
Entre otros aspectos positivos, la titular de Agricultura de la Junta ha reseñado la flexibilización de los requisitos medioambientales (el conocido como greening), de los que dependerán el 30 por ciento de las ayudas, ya que el Parlamento Europeo excluye a las pequeñas explotaciones de menos de diez hectáreas y limita las medidas en las explotaciones de entre diez y treinta, que sólo tendrán que rotar dos cultivos diferentes y no los tres que propone la Comisión.
En todo caso, la consejera se ha mostrado en desacuerdo con que tres de cada diez euros de las ayudas a los agricultores y ganaderos dependan del greening, un porcentaje que quieren que se reduzca o al menos que cada Estado miembro pueda optar por disminuirlo en función de su realidad agraria, ha enfatizado Soriano.
Asimismo, considera que hay también "buenas noticias para el viñedo y el olivar", como que se mantengan los derechos de plantación de viñedos hasta el año 2030, tal y como pedía el sector, o que se incluya a los países de la UE en las campañas de promoción del vino, ya que son el principal destino de las explotaciones vinícolas de la región.
Además, se exime al viñedo y al olivar -al igual que a los cultivos ecológicos- de cumplir con algunos aspectos fijados en el greening, como la obligatoriedad de rotación de cultivos que se impone a otro tipo de explotaciones, o la de dejar un porcentaje de superficie en barbecho.Además, para el aceite, los europarlamentarios aprobaron que se revisen al alza los precios para el almacenamiento privado una medida que reclaman los olivareros.