Unas 4.655 irregularidades se descubrieron en estas visitas de campo (21.335 inspecciones), lo que supuso detectar incumplimientos en el 21,82% de los solicitantes sometidos a control, pero sólo el 0,48% si se comparan con el total de perceptores, casi el millón.
La condicionalidad, que es aplicable en España desde el año 2005, está constituida por una serie de condiciones para el pago de determinadas ayudas a los agricultores, ligadas a la aplicación de sistemas de producción que garantizan la salubridad de los productos obtenidos y su adecuación a las exigencias de conservación y mejora del territorio sobre el que se asientan las explotaciones.
Entre estas "condiciones" para acceder a las ayudas, figuran la protección de suelos agrícolas, del agua, los hábitats y el medio ambiente en general, las buenas prácticas agrícolas, la identificación y registro del ganado, la seguridad alimentaria, la notificación de enfermedades animales y el bienestar animal.
Los principales incumplimientos de las normas de condicionalidad detectados en los controles en 2011 -tanto los realizados "sobre el terreno", como "administrativos", de "admisibilidad" y "otros"-, en cuanto al número de perceptores se refiere, se detectaron en Castilla-La Mancha (1.517), Aragón (1.132), Galicia (1.091), Andalucía (959) y Comunidad Valenciana (675).
Y, donde menos, en Canarias y Cantabria, con 52 y 42 casos, respectivamente, según se desprende del "Informe de Condicionalidad Año 2012" del FEGA publicado ahora, pero con datos a cierre de 2011.
La normativa comunitaria establece que, en caso de que el incumplimiento determinado se deba a negligencia del productor, se aplicará una reducción del 3 % del total de la ayuda, en principio.
No obstante, el organismo pagador, puede decidir reducir ese porcentaje al 1 %, aumentarlo al 5% del importe global o no aplicar ninguna reducción en los casos de gravedad leve.
En cuanto a la repercusión económica, los mayores índices (porcentajes) de reducción en las ayudas directas por incumplir la condicionalidad correspondió a Murcia (el 0,20% y -122.075 euros), País Vasco (0,18% y -83.009 euros), Castilla La Mancha (0,12% y -1,19 millones) y Galicia (0,12% y -196.800 euros).
Las menores reducciones por penalización se aplicaron en Cantabria (0,01% y -3.319 euros), Andalucía (0,02% y -349.118 euros), Canarias (0,02% y -37.354 euros) y Extremadura (0,02% y -121.600 euros), según el mismo informe.