Esa precisión de valorar la actividad "en términos económicos", es lo que suscita las dudas del Estado, porque en otras comunidades no se incluye ese matiz y la Administración central piensa que puede entrar "en colisión" con el resto de leyes autonómicas, han explicado a Efe fuentes del Gobierno regional.

    Lo que pretendía Cantabria con esta redacción de la ley era ser más específicos en este apartado, pero ante la advertencia del Estado de la posible colisión con otras leyes autonómicas, propondrá suprimir esas tres palabras.

    Con ese cambio, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo piensa que no habrá problemas para llegar a un acuerdo con el Estado en el marco del grupo de trabajo que van a poner en marcha.

    Según se explica en sendos anuncios publicados en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y el Boletín Oficial del Estado (BOE), ese grupo de trabajo intentará resolver las discrepancias y propondrá la solución que proceda a la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la comunidad autónoma.

    Es un procedimiento como el que se puso en marcha hace unos meses ante las discrepancias entre Cantabria y el Gobierno español en torno a la ley que prohíbe el uso de la fractura hidráulica, aunque en aquel caso eran diferencias de fondo y el Estado ha optado por recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional porque considera que invade competencias estatales.

    En el caso de la Ley de Cooperativas, fuentes de la Consejería de Economía dan por seguro que la cuestión se resolverá con acuerdo.

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