Con esa exigencia de información, según Diego, "no desde Repsol sino de algo muy nuestro con la Universidad de Cantabria", se pretende garantizar que las empresas cumplen la ley con la que se ha dotado la comunidad para proteger su medio ambiente, su entorno y su paisaje e impedir que se utilice la técnica de la fractura hidráulica.

    El presidente ha subrayado que su Gobierno ha sido el que ha promovido esa ley, "única en España" y que "pone por delante determinados intereses específicamente cántabros a otros que pueden ser intereses generales en el ámbito de España".

    Pero también ha recordado que hay permisos vigentes, concedidos por el Gobierno anterior, y ha explicado que se va a permitir que se hagan estudios geológicos, que "nunca han causado ningún problema", incluso en aquellos casos que conlleven sondeos, que "se han hecho toda la vida", ha apostillado.

    Y ha insistido en que mientras esté vigente la ley de Cantabria "nunca, nunca se llevará a cabo la fractura hidráulica".

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