A juicio del consejero, la prohibición no supone "comprometer" el futuro económico de la región -uno de los argumentos que esgrimen las empresas-, sino apostar por un futuro vinculado a los valores naturales y paisajísticos que "han hecho, hacen y harán que Cantabria sea una región única, diferente y especial".
La norma supondrá proteger los recursos naturales y el paisaje, y defender los acuíferos, prohibiendo el ‘fracking’ mientras no estén "definitivamente despejadas las incógnitas" que genera.
Todos los grupos parlamentarios han coincidido en la necesidad de esta ley, aunque desde la oposición, regionalistas y socialistas no han ocultado sus "dudas" y piensan que puede quedarse en una "farsa", porque el ministro de Industria, José Manuel Soria, es partidario de esta técnica, y temen que el Gobierno central, o 50 diputados o senadores, recurran la ley cántabra y quede en suspenso.
Frente a ello, el PP ha subrayado que la medida se adopta por las especiales características de Cantabria y no se puede "decir a los demás lo que tienen que hacer" en sus respectivas regiones.
La ley aprobada por el Parlamento regional es un texto de solo tres artículos que prohíbe el uso del ‘fracking’ en Cantabria, encarga a las autoridades y funcionarios autonómicos y municipales velar por que eso se cumpla, y califica como infracción administrativa cualquier incumplimiento al respecto.
Incluye también una disposición transitoria que deja claro que la prohibición afecta a todos los permisos, tanto los ya concedidos, como los que estén en tramitación o los que se puedan conceder.
Todo este contenido ha recibido el respaldo unánime de los tres grupos parlamentarios, pero no ha ocurrido lo mismo con la exposición de motivos de la ley, en la que el PSOE ha votado en contra porque no se han aceptado parte de sus enmiendas para recoger expresamente algunos de los riesgos ambientales y para la salud que se asocian con la fractura hidráulica.
El diputado socialista Juan Guimerans ha sido uno de los más críticos en el debate, porque tiene la "sensación" de que el PP les quiere utilizar "como comparsas en la escenificación de una farsa".
En su opinión, "no es creíble" que el Gobierno de Ignacio Diego, que "obedece en todo" al Ejecutivo central, se sitúe en este caso como "abanderado de la protesta", y considera "más que presumible" un recurso del PP nacional contra la ley cántabra.
Guimerans ha cuestionado además la actitud de la diputada regional y senadora por Cantabria Tamara González, que ha votado a favor de prohibir el ‘fracking’ en la región, mientras en el Senado votó en sentido contrario para el conjunto de España, una idea en la que también ha incidido el portavoz del PRC, Rafael de la Sierra.
Para el diputado regionalista, la ley que prohíbe la fractura hidráulica es "oportuna, conveniente y necesaria", pero la ha comparado con una "realidad virtual" o un "matrix parlamentario", porque teme que será recurrida y quedará en suspenso.
A su juicio, sorprende que un Gobierno "totalmente sometido a las instrucciones de Madrid" promueva esta norma, en contra de la postura que mantiene el Ministerio de Industria.
Desde el PP, Iñigo Fernández ha respondido que Cantabria no puede legislar para todo el territorio nacional, y ha negado contradicciones en la actitud de Tamara González, porque, según dice, el PP cántabro no pretende "decirles a los demás lo que tienen que hacer en sus regiones".
Ha censurado que la oposición pretende "poner el mundo al revés", cuando en su etapa de gobierno ellos no hicieron nada para prohibir esta técnica.
Y ha opinado que "farsa" será en todo caso la de socialistas y regionalistas y, en especial, el expresidente Miguel Angel Revilla, que concedió en 2011 el único permiso existente de ámbito estrictamente autonómico (hay otros cinco nacionales que afectan a Cantabria) y en 2012 se manifestó en contra de ese permiso.
El sector, enfadado, habla de pérdidas de cien millones
La prohibición de la utilización de la técnica de la fracturación hidráulica o ‘fracking’ para la búsqueda de hidrocarburos no convencionales aprobada por el Parlamento de Cantabria supondrá la pérdida de 100 millones de euros en inversiones solo en la fase de exploración, según el sector.
La asociación que agrupa a las empresas del sector de los hidrocarburos no convencionales, Shale Gas España, ha apuntado en un comunicado que esta prohibición "cierra la puerta a la creación de puestos de trabajo y a la atracción de inversiones".
En opinión de su portavoz, Mónica V. Cristina, "cerrar la puerta al diálogo no es la solución" y, por ello, ha asegurado que Shale Gas España mantendrá su labor divulgativa para abrir "un debate serio, honesto y transparente" sobre el tema.
La asociación ha subrayado que "la fracturación hidráulica es una técnica segura y probada" y se ha mostrado dispuesta a apoyar la propuesta del Grupo Parlamentario Popular de gravar la extracción de los hidrocarburos no convencionales para financiar comunidades autónomas y ayuntamientos.
Puntualizaciones de Castilla y León
La Junta de Castilla y León ha aclarado que los permisos de investigación con la técnica de fractura hidráulica no suponen necesariamente que luego se autorice su explotación, para la extracción de gas.
El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, ha destacado la necesidad de "informar bien a la sociedad" de esta técnica, conocida como fractura hidráulica o "fracking" en inglés. "Es una investigación que hay que explorar", ha comentado sobre esta técnica para extraer gas y petróleo del subsuelo mediante la inyección a presión de materiales en el terreno para favorecer su salida al exterior.
Por ello, ha indicado que la Junta no cierra la posibilidad de que pueda utilizarse como se hace en otras partes de España y del mundo, especialmente en Estados Unidos.
Tomás Villanueva ha subrayado que "una cosa es el permiso de investigación y otra el de explotación", ya que este último estará condicionado a la viabilidad medioambiental, económica y "social" de esta técnica.
Villanueva ha recordado que se trata de un procedimiento regulado, no de una decisión arbitraria de la Junta, y acorde con lo exigido en el conjunto nacional, para una alternativa que "en muchas partes del mundo es una solución" energética.
El consejero ha señalado que aún hay que esperar antes de que se tome una decisión, ya que la investigación es todavía "muy preliminar" en la Comunidad, y ha insistido en la conveniencia de informar adecuadamente a la sociedad.