"Pienso que una vez más se afana usted en generar miedo e incertidumbre" entre los viticultores, ha recalcado Arias.

    Ha precisado que en estos momentos la única propuesta que afectaría a España es la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y, en este punto, "ya estamos trabajando para corregir los efectos negativos" que representaba la propuesta inicial de la Comisión. "Ahora estamos luchando contra una PAC que recoge lo que ustedes apoyaron en 2008": liberalización y menos apoyos y presupuestos.

    Ha recordado así que España ha impulsado alianzas en el último año y medio y participa en un Grupo de Alto Nivel con Francia, Italia, Alemania, Portugal y España, que ha realizado propuestas de reforma que recogió el Consejo de Ministros del 19 de marzo.

    "Hemos dado la vuelta" a las propuestas iniciales y logrado, por ejemplo, prorrogar autorizaciones de plantaciones hasta el 2024 y limitar así las producciones para evitar sobreproducciones.

Duras críticas a la postura del PSOE en la PAC de 2008


    El ministro acusó al PSOE de contribuir a una reforma comunitaria en 2008 "muy perjudicial", que abría el riesgo de excedentes y caída de precios, eliminaba medidas de mercado como las ayudas a la destilación de alcohol de uso de boca y recortaba en 96 millones el presupuesto.

    Por su parte, Alejandro Alonso ha recordado en su intervención que "son muchas las incertidumbres" que pesan sobre el sector, como la amenaza de cierre de mercado chino, las medidas restrictivas del Ministerio de Sanidad y la aplicación de la PAC, además de la posible autorización de materias no vínicas para elaborar brandy.

    Una propuesta esta última, que el ministro "tiene encima de su despacho", según ha asegurado el portavoz socialista.

    Alonso ha afirmado incluso que el ministro había reconocido en un encuentro con un consejo regulador que "es partidario" de modificar esta reglamentación en el sentido que el PSOE denuncia.

    Ha asegurado que, si el Gobierno apoya el cambio de norma, "lo haría pensando en el bolsillo" de los fabricantes del brandy, un producto en cuya elaboración se destinan 650 millones de litros de vino.

    De prosperar la normativa -añadió el portavoz-, se produciría un "desequilibrio estructural brutal" y el arranque de hasta 150.000 hectáreas de viñedos.

    Autorizar aguardientes no vínicos para fabricar brandy rebajaría los costes para los fabricantes, según ha reconocido Alonso, pero matizó que es "un principio inaceptable" porque sería como permitir añadir agua a la leche o al vino o permitir formas distintas de elaboración de productos tradicionales europeos.

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