Ésta pasará a denominarse Mesa de Coordinación del Control de Productos Agroalimentarios en Canarias, y será coordinada por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria aunque podrá convocarse por solicitud de cualquiera de los miembros, y en la misma figurarán como miembros de pleno derecho los cabildos insulares.
En el encuentro, que contó con la presencia del consejero del Área, Juan Ramón Hernández; del director del ICCA, Alfonso López; además de los consejeros en materia de agricultura de los cabildos; representantes de cada uno de los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen de las Islas, de las asociaciones de vinicultores y viticultores, y de todas las organizaciones profesionales agrarias; se expuso la propuesta del ICCA de desarrollar diversas actuaciones de control de los alimentos a llevar a cabo en coordinación con otros centros directivos, durante este año, vinculadas al etiquetado, composición, presentación y publicad de quesos; etiquetado y composición de la miel; y especialmente el control de la uva de vinificación de procedencia exterior. Esta medida ha tenido una gran acogida por parte de los representantes del sector vitivinícola presentes en la sesión.
Durante la jornada el consejero hizo referencia, entre otras cuestiones, a la iniciativa desarrollada por el Ejecutivo, que ha supuesto la incorporación de fondos del Régimen Especial de Abastecimiento (REA) al Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), y que se manifiesta en un incremento de un millón de euros en las ayudas al sector canario de la viña en el marco de este plan.
Por su parte, el director del ICCA destacó el gran valor que para el Archipiélago tiene el sector vitivinícola, y subrayó la necesidad de reunir a todos sus agentes para abordar las cuestiones que preocupan a este subsector y con el fin de que se comprenda el valor humano, económico y social que éste tiene para las Islas. El próximo Consejo se convocará para la primera quincena de diciembre.
En la reunión se abordaron otros asuntos de interés vinculados a esta actividad, como el proceso electoral de los distintos Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen de vinos, los cuáles en su mayoría han presentado una sola candidatura- a excepción de Lanzarote- pero con un elevado porcentaje de renovación de sus miembros. También se trataron otras cuestiones vinculadas al Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) y el Registro Vitícola, y los programas de ayudas a este subsector.
Control de la uva foránea
La introducción de uva de vinificación foránea pese a ser ilegal si se destina a la elaboración de vinos acogidos a figuras de calidad-Denominación de Origen Protegida (DOP) e Indicación Geográfica Protegida (IGP)-, si está autorizada en la producción de vino que no goza de estos distintivos.
El problema se plantea cuando estos caldos, elaborados con uva foránea, no cuentan con dichos sellos y se comercializan bajo determinadas denominaciones de venta o menciones como "Vino de mi cosecha, Vino del país, o Vino de la casa", -que no están reguladas y por lo tanto no éstas prohibidas-, ya que su uso puede generar una confusión en el consumidor sobre el origen del vino, pudiendo dar a entender que proceden de uvas de Canarias.
El canal de comercialización de estas producciones vitivinícolas suele ser en bares, tascas y los conocidos guachinches. Esto tiene diversos efectos negativos sobre la protección del consumidor que acude a este tipo de establecimientos, ya que se parte de la base de que éste desea consumir vinos del Archipiélago y cuando el caldo sin DOP ni IGP es comercializado bajo uno de esos nombres parece que es de las Islas cuando en realidad no es así.
Por otra parte, esta situación puede generar también un problema agrícola indirecto de abandono de los viñedos, ya que la uva de procedencia exterior es más barata que la producida en Canarias y cuando se utiliza en esos casos, frente a la de viñedos canarios, puede desincentivar la actividad agrícola frente a la importación de uva.
Asimismo, puede derivar en un posible problema de seguridad y calidad agroalimentaria ya que muchas de las bodegas que suministran a estos bares, tascas y guachinches son pequeños establecimientos, en numerosas ocasiones de carácter familiar, que por su escasa dimensión y funcionamiento posiblemente algunos son clandestinos y estarían escapando al control tanto del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria como de la Dirección General de Salud Pública.
Es importante destacar que ni el Gobierno de Canarias ni la Administración del Estado están en contra de esta actividad tradicional, ya que genera una economía complementaria de las rentas familiares, sin embargo le corresponde a ésta defender que dichos establecimientos cumplan con un mínimo de controles de calidad y seguridad alimentaria, que garanticemos una protección del consumidor al mismo tiempo que combatimos una competencia desleal hacia el resto de operadores alimentarios.