Los principios de reparto establecidos desde hace años no tienen demasiado en cuenta aspectos que han resultado determinantes a la hora de percibir dicha subvención. Así, se primaba con 30 puntos la existencia de una única ADS por especie e isla, lo cual puede tener cierta lógica desde un punto de vista técnico pero que ha supuesto que en Canarias, agrupaciones con un número importante de cabezas de ganado se queden sin apoyo económico para el desarrollo de su actividad. Esto, ha derivado en que en los años 2013 y 2014 no hayan podido acceder a la ayuda un 40% de las mismas y se hayan devuelto a Hacienda alrededor de 60.000 euros cada año.
En este encuentro, el equipo técnico del Servicio de Ganadería manifestó su intención de preparar una nueva Orden en la que se establezca un sistema de concesión más justo, que evite la pérdida de recursos y posibilite que éstos lleguen a todos. Dicha norma primaría las Unidades de Ganado Mayor y los veterinarios asociados a cada ADS, así como el número de explotaciones, estableciendo un factor corrector que permita a las islas menos pobladas acceder en igualdad de condiciones a la subvención, aplicando el porcentaje a los animales inscritos en cada agrupación por isla.
“Estimamos necesario seguir potenciando estas estructuras, no sólo por su función sanitaria, sino porque consideramos fundamental el apoyo que pueden prestar al sector ganadero del Archipiélago, especialmente al sector caprino-ovino, por su contacto permanente con los ganaderos”, destacó Dávila.
La Unión Europea obliga a establecer sistemas de control ganadero y la labor de las ADS es necesaria para ayudar a los ganaderos canarios a cumplir con la normativa comunitaria.
El Real Decreto 784/2009, de 30 de abril, establece las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) -entidades que tienen que estar previamente reconocidas por las comunidades autónomas e inscritas en el registro nacional correspondiente-, dirigidas a compensar los costes de las actuaciones sanitarias de prevención, lucha o erradicación de enfermedades de los animales, con la finalidad de elevar el nivel sanitario, así como la rentabilidad de las explotaciones ganaderas.
La cuantía presupuestaria se repartía al 50% entre el Estado y el Gobierno de Canarias, sin embargo, en los ejercicios de 2013 y 2014 el Ejecutivo regional ha hecho frente en solitario a los fondos destinados a las mencionadas ayudas ya que, a pesar de la no aportación de la correspondiente cuota ministerial, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas entiende que es muy importante seguir apostando por elevar el estado sanitario de la cabaña ganadera dado que es un asunto que trasciende de la sanidad animal, porque conduce a la mejora de la rentabilidad de las explotaciones ganaderas y porque podría afectar a la salud pública.