El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria abonará un total de 326.788 euros a grupos de productores que realicen actividades de formación y promoción en el mercado interior, en concepto de ayudas destinadas a apoyar los regímenes de calidad de productos agrícolas y alimenticios del Programa de Desarrollo Rural (el PDR 2014-2020).
Se acogen a estos fondos 18 beneficiarios, entre ellos, consejos reguladores de las Denominaciones de Origen de Vinos del Archipiélago, cooperativas agrícolas, asociaciones de productores, sociedades agrícolas de transformación, etc.
Con estos créditos de los fondos del PDR se subvencionan los gastos derivados de la realización de acciones de información y promoción de productos amparados bajo sellos de calidad, incluida la participación en programas de calidad de producción integrada y del símbolo de Regiones Ultraperiféricas o logo RUP, en el mercado interior.
Entre estas actuaciones se encuentran la organización y/o asistencia a cursos, conferencias, seminarios, ferias y eventos promocionales; catas y degustaciones de productos; acciones para la divulgación de conocimientos científicos y técnicos sobre dichas producciones; iniciativas para publicitar los regímenes de calidad en medios de comunicación, puntos de venta, guías de turismo, etc.
También se sufragan los gastos derivados del desarrollo de misiones comerciales directas e inversas; estudios de mercado y evaluaciones de impacto, acciones para la mejora de la imagen y presentación del producto y portales web para la promoción de los mismos.
Todas estas acciones deben ir dirigidas a animar a los consumidores a adquirir los productos que cuentan con un distintivo de calidad subvencionable o a resaltar las características o ventajas específicas de las citadas producciones, especialmente las vinculadas a la calidad, los métodos de producción específicos, las rigurosas normas de bienestar animal, etc.
Esta medida se complementa con la 3.1 dirigida a apoyar la nueva participación en regímenes de calidad. Ambas están financiadas en un 85% por la Unión Europea y el resto es abonado por la Comunidad Autónoma y el Estado.