La organización agraria UPA y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han lanzado una recogida de firmas en España para conseguir al menos 40.000 rúbricas en apoyo a una campaña a nivel comunitario para pedir a la Unión Europea que obligue al etiquetado del origen de los alimentos.

La acción, denominada Eat Original, ha sido presentada este martes 18 en Madrid por la vicesecretaria general de UPA, Montse Cortiñas, y por el portavoz de OCU, Enrique García, y han detallado que se prolongará durante un año con el objetivo global de conseguir más de un millón de firmas para que prospere esta Iniciativa Ciudadana Europea en el seno de la UE.

Cortiñas ha informado de que se necesitan firmas procedentes de al menos siete países para sacar adelante la iniciativa, requisito que se cumple ya que actualmente están participando España, Francia, Italia, Polonia, Grecia, Portugal y Alemania.

El reconocimiento del origen no tiene por qué implicar un encarecimiento de los productos a los consumidores pero sí un reparto «más justo»

En el caso de España, UPA y OCU recogerán firmas de forma física y también a través de la página web habilitada al efecto.

La norma, ya en vigor en España, del etiquetado obligatorio del origen de la leche -que incluye la indicación concreta del país- es un «ejemplo» de lo que quieren conseguir en la UE para todos los productos, ha subrayado.

Hay otros alimentos que tienen reglado el etiquetado del origen, como la miel, en la que es obligatorio indicar si procede de la UE o no aunque, según la vicesecretaria general, no es esa la solución, ya que el objetivo es indicar el país concreto.

De hecho, según han expuesto, el 73% de los consumidores europeos entiende que el origen de los alimentos corresponde a indicar el país, según indica uno de los últimos eurobarómetros.

Para Cortiñas, obligar a declarar ese origen supone poner en valor el trabajo de los productores ya que «sin agricultores y ganaderos, no hay alimentos», algo que «no puede olvidar la sociedad».

Ha apuntado que el reconocimiento del origen de los alimentos no tiene por qué implicar un encarecimiento de los productos a los consumidores pero sí un reparto «más justo» de los márgenes a lo largo de la cadena».

Por su parte, el portavoz de la OCU ha recordado la encuesta que llevaron a cabo según la cual un 59 % de los consumidores considera muy importante conocer el origen de los alimentos e incluso está dispuesto a pagar hasta un 10 % más por saber ese dato.

El objetivo es «convertir en obligatorio lo que hoy es voluntario»

Por eso ha defendido esta campaña, ya que se trata de desarrollar un «derecho fundamental» a la información y «serviría para prevenir fraudes».

El objetivo es «convertir en obligatorio lo que hoy es voluntario» y por ello defienden la modificación del reglamento comunitario vigente. Ha puesto ejemplos como la venta de espárragos cuyo origen puede ser «China o Perú» pero el envase contiene una ilustración que recuerda a Navarra para hacer creer al consumidor que son espárragos de Navarra: un producto valorado y de «mayor calidad», ha señalado.

Por ello, ha defendido la necesidad de «más transparencia» y que la UE sepa sacarle más rendimiento a su sistema de producción y trazabilidad agroalimentaria, que es de los «mejores del mundo».

García ha detallado que por el momento lo que está sobre la mesa es esa recogida de firmas para cambiar la normativa pero aún no se ha estudiado qué requisitos concretos se pedirán para regular el etiquetado: «Eso será en una fase posterior».

También ha querido destacar la importancia de las administraciones, especialmente las comunidades autónomas, para atajar mediante las inspecciones que sean necesarias los fraudes que puedan cometerse en las etiquetas, una idea compartida por UPA.

Por otro lado, y también referente al etiquetado, aunque en este caso del valor nutricional de los alimentos, ha defendido la propuesta del Ministerio de Sanidad de lanzar el sistema Nutriscore aunque, bajo su punto de vista, debería ser de implantación obligatoria y no opcional y con información concreta sobre azúcares, grasas saturadas y sal.

Además, ve mejor este método que el propuesto por un grupo de multinacionales, ya que el planteado por el Gobierno hace una valoración nutricional basada en 100 gramos de producto y no en porciones: algo más proporcional y «razonable».