Según las fuentes consultadas, esta situación se debe a dos cuestiones básicas. Por un lado, la crisis económica, que ha hecho que los gobiernos regionales hayan ido cerrando el grifo de las ayudas bien de forma directa o bien de forma escalonada, pero provocando en ambos casos la inviabilidad de estas Cámaras, que no pueden sobrevivir por sí solas. En el otro lado, esta propia dependencia del dinero público, que ha permitido a las organizaciones agrarias "mantener unas estructuras que no siempre se han sabido gestionar".
Sea como sea, lo cierto es que este modelo de décadas de antigüedad (en algunos casos sobrepasando el centenario) en el campo español comienza a ser parte de la historia del campo español, más que un presente. Y en medio de esta realidad, mirando al futuro, unas elecciones agrarias a nivel nacional que nadie sabe si se van a celebrar (los plazos marcados por el Magrama determinan que podrían ser después de las próximas elecciones nacionales) para formar un Consejo Agrario que será un órgano consultivo adscrito al Ministerio y cuya finalidad es asesorar a la Administración General del Estado en las cuestiones de interés general agrario y rural.
Baleares, C. Valenciana, Segovia,… el goteo de desaparición es constante
En las últimas semanas, en las Islas Baleares, Fogaiba, la empresa del Govern que tiene la propiedad de los edificios de las Cámaras Agrarias, ha puesto a la venta siete de los los trece inmuebles con los que cuenta en Mallorca y Menorca. Según señalan "se ha ofrecido a los distintos ayuntamientos la posibilidad de optar a la compra o alquiler de estos locales. En Sencelles y Sant Joan los consistorios locales tienen previsto sacar los archivos existentes en los edificios por el valor patrimonial que suponen para la historia agrícola de cada municipio".
El plazo para la presentación de ofertas finaliza el dos de diciembre y los precios de salida de los inmuebles son de 152.000 euros en Montuïri; Sant Joan 108.800; Sencelles 122.145; Vilafranca 26.000 y 130.000, 109.000 para dos pisos de la calle Josep Anselm Clavé de Palma y 172.000 euros para el local de la plaza de Santa Eulàlia.
Por su parte, el pleno del Consell ha aprobado la liquidación de las cámaras agrarias provinciales de la Comunitat Valenciana, que en la práctica ya se había dejado extinguir por inanición. Los inmuebles , que ahora son de la Generalitat, podrán ser cedidos en uso, preferentemente, a organizaciones profesionales agrarias u otras entidades, públicas o privadas, sin ánimo de lucro, que estén relacionadas directamente con el sector agrario.
Curiosamente, en esta Comunidad se recuerda cómo es el PP el que ha tomado esta decisión, mientras que en Madrid, gobernada por la misma formación, ha celebrado elecciones para su mantenimiento. es decir, no es una cuestión ideológica, sino una necesidad económica.
En Segovia, la pasada semana, la comisión liquidadora de la Cámara Agraria Provincial ponía a la venta los últimos bienes muebles que no habían recibido ninguna oferta en la subasta realizada el pasado mes de septiembre, dando el carpetazo definitivo a una institución con 124 años de historia que ha visto en los últimos años cómo una decepcionante gestión por parte de las organizaciones agrarias ha llevado a su definitiva desaparición.
Según algunas organizaciones el dinero obtenido por la venta de los inmuebles hubiera podido recapitalizar la Cámara Agraria de Segovia y resolver su precaria situación con una administración realista, pero la realidad es que ahora los empleados sólo esperan que la comisión liquidadora obtenga a través de la venta de los activos que quedan el dinero suficiente para hacer frente al pago de sus salarios e indemnizaciones.
(Foto: J. Socies ultimahora.es)
Ejemplos de una realidad y de un modelo al que la crisis y los propios errores han acabado echando el cierre.