Se entiende que con estas pretensiones las organizaciones agrarias hayan puesto el grito en el cielo y que, como en el caso de UPA, se llegue a reclamar a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que no acate las imposiciones europeas. Pero el problema no se debe centrar en acatar o no unas normas, sino en convencer del absurdo de esta pretensión.
Absurdo para España, aunque no para otros países o para unos burócratas que han venido reclamando que aeropuertos y campos de golf también tenían derecho a recibir el dinero de la PAC. Tras la tarifa plana que tanto disgustos acabó dando, la propuesta del entonces ministro Miguel Arias Cañete rompía no sólo con un sistema que se demostró injusto, sino equivocado. Si todo el mundo cobra lo mismo, por qué se iba a apostar por ampliar cultivos, por la innovación, por arriesgar … Y cuando se da el paso, difícil porque la cifra del 20% que se aprobó con el consenso de las CCAA no fue del agrado de todas las organizaciones agrarias, ahora el sector se debe desayunar con que todo el trabajo no ha servido de nada, porque desde un sofá, con un planteamiento tan ambiguo como el de “mantener una explotación”, se puede ser agricultor con derecho al pago de la PAC sin haber cogido en la vida ni una azada.
En el trasfondo de esta decisión se esconden los intereses de muchos países, especialmente del Norte de Europa, que no quieren perder sus privilegios de seguir cobrando un dinero por el hecho de ser propietarios de grandes, o pequeñas, da igual, extensiones de terreno. Y para ello han provocado una especie de ‘café para todos’ que lo único que va a lograr es que se abra la puerta a la especulación y frenar el desarrollo de muchas explotaciones, porque para qué se a va a arrendar un terreno si ya se tiene garantizado el pago de la AC sin tener que hacer nada.
Difícil papeleta se abre ahora al Magrama. Tanto que ha esperado a que quedara poco menos de un mes para la aprobación definitiva de la PAC para hacerlo público e, incluso, lo vendió inicialmente como de modificaciones de “aspecto técnico”. Con esta pretensión de Bruselas queda poco margen de acción, aunque alguno hay, y desde el Ministerio deben afrontar ahora cómo se adopta esta exigencia en el reparto de los fondos, porque ahora habrá más gente a cobrar, pero el mismo dinero. Y desde el Ministerio son conscientes de que hacer caso omiso a esta modificación abre la puerta a que una sola demanda pueda acabar costando demasiado caro n sólo al Estado, sino a los propios agricultores y ganaderos que sí quieren trabajar su tierra.
Quizás por ello, sea el momento de que el Gobierno, los europarlamentarios e incluso el propio Miguel Arias Cañete, como comisario de la CE, hagan una labor de concienciación para frenar esta imposición sin sentido, como se está haciendo para aplazar un año la aplicación del greening por falta de tiempo material para desarrollarlo de forma adecuada. Si no se logra, sólo se beneficiará al propietario que desde su sofá sólo deberá hacer zapping, y ni siquiera para ver un programa de televisión agrario, para poder cobrar lo mismo que quien lleva horas trabajando y sufriendo para sacar adelante su explotación.