Los líderes de la Unión Europea han decidido que intentarán alcanzar un acuerdo sobre el próximo presupuesto plurianual comunitario para el periodo 2021-2027 en otoño de 2019, con lo que el pacto no llegará antes de los comicios de mayo como pedían la Comisión y el Parlamento Europeo. Esto representa que, ya oficialmente, la aprobación de la PAC no se llevará a cabo en las fechas previstas y se retrasará hasta 2022 ó 2023.
Este retraso a otoño de 2019 echa por tierra cualquier posibilidad de avanzar en la PAC, ya que si un presupuesto europeo no se podrá saber qué recortes de los anunciados se deberán aplicar. Sin embargo, el aplazamiento no afectará a los pagos, ya que el ministro ha confirmado que dichos pagos se harán “sin interrupción” y se mantendrán activos durante el lapso de tiempo que se retrase.
En las conclusiones adoptadas durante una cumbre en Bruselas, los jefes de Estado y de Gobierno llaman a la presidencia entrante (que ostentará Rumanía desde el 1 de enero) a desarrollar una orientación para la próxima fase de las negociaciones con vistas a alcanzar un acuerdo en el Consejo Europeo de otoño de 2019, según confirmaron fuentes europeas.
Los líderes abordaron este jueves 13 por primera vez el marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027, después de que la Comisión Europea hiciese en mayo su propuesta y de que los trabajos a nivel técnico entre los ministros hayan permitido pactar el marco negociador (la estructura de las cuentas), aunque sin poner cifras todavía.
Este marco financiero será el primero sin el Reino Unido, dado que la retirada del país de la UE está prevista para marzo de 2019, y buscará precisamente paliar los efectos de su salida.
La propuesta del Ejecutivo comunitario pide elevar el presupuesto al 1,11 % de la renta nacional bruta conjunta de los Veintisiete, frente al 1,03 % que supone en el periodo 2014-2020, con lo que ascendería a 1,28 billones de euros en compromisos de pago frente a 1,08 billones actuales.
Este aumento, junto con recortes en ciertas partidas, debería permitir paliar el agujero de más de 12.000 millones de euros que dejará el Brexit y la necesidad de 10.000 millones anuales para nuevas tareas.
El Ejecutivo comunitario ha pedido insistentemente a los países que lo aprueben antes de los comicios de mayo, para que quede cerrado con la actual Eurocámara y pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2021, evitando los retrasos que se vieron en 2014.